Los abogados de la barra de la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, acusado de cometer múltiples actos de corrupción administrativas, en contra del Estado dominicano, recordaron este día que su cliente ha puesto su vida en peligro para servir a la nación por más de 30 años, “y recibe a cambio una exposición pública ilegal, injusta y tremendista” de parte del Ministerio Público.
La defensa técnica sostiene que, con dicha acusación “se trata de denigrar y enlodar la función y honra y la carrera militar en el país” de Cáceres Silvestre.
“Pone de lado la PEPCA que el mayor general Adán Cáceres Silvestre tiene larga data sirviendo a la Patria en el DNI bajo el gobierno del PRSC (Joaquín Balaguer) y PLD (Leonel Fernández)”, agregando que también comandó las tropas dominicanas en Irak en el gobierno de Hipólito Mejía y como Jefe de Seguridad del Cuerpo Presidencial de Danilo Medina.
Mediante un documento firmado por los abogados Cristian Alberto Martínez, Romer Jiménez y Elsa Trinidad Gutiérrez Guillén, indican que cuentan con las pruebas suficientes para demostrar que los bienes que hoy exhibe el alto oficial han sido obtenidos de manera honrada.
“Tal y como revelaremos ante la justicia, contamos con todas las pruebas que sustentan el patrimonio que lícita y honestamente ha adquirido el mayor general Adán B. Cáceres Silvestre”, afirman los juristas.
Aseguran que el Ministerio Público “omitió deliberadamente ingresos que el Estado Dominicano pagó de manera institucional y trasparente” al oficial, detenido desde el pasado 24 de abril junto a otras cinco personas, para exhibirlo como impedido de poseer los bienes que constan en su Declaración Jurada de Patrimonio.
Afirman que en el expediente le atribuyen participar en transacciones que le son ajenas, “con el único objetivo de construir una historia, muy mal contada, para tratar de justificar una supuesta lucha anticorrupción muy mal llevada”.
Los profesionales del derecho indican que este expediente no es similar al caso apodado Anti-pulpo y, que no se trata de “ministros ni supuestos entramados empresariales”.
Asimismo, manifiestan que la PEPCA ha llegado a la “irresponsabilidad y ligereza”, de publicar un listado completo, con nombres, cédula y salario, de todos los integrantes del Cuerpo de Seguridad Presidencial actual.
“Esto refleja un manejo imprudente y peligroso de informaciones de seguridad nacional”, entienden los abogados.
Agregan que, con esa información divulgada “de manera irresponsable” por la PEPCA, se pone en riesgo la vida de todos los miembros de esa institución, del personal de inteligencia encubierto “y en consecuencia la seguridad del presidente de la República, de su familia y de las personas de protección sensible para el estado”.
“No ha sido sopesada con la más mínima prudencia pues el único interés ha sido crear un circo de corredores para llevarlo al Centro Olímpico, según las propias declaraciones de una representante del Ministerio Público”, añade el documento.
Los abogados calificaron como ilegal que el Procurador Adjunto Wilson Camacho haya presentado las imágenes de Cáceres Silvestre mientras se reunía con los miembros de su defensa en la cárcel.
Con respecto a la jueza apoderada del caso, la magistrada Kenya Romero, aseguran que esta “se ha aliado sin disimulo alguno a la PEPCA en su designio de acelerar, violentando su derecho de defensa, la imposición de una medida de coerción privativa de libertad, sin que concurran los requisitos mínimos establecidos en la ley para ello”.
Los imputados
Además de Cáceres Silvestre, en el acaso denominado Operación Coral están involucrados la pastora Rossy Guzmán Sánchez; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
De acuerdo al expediente presentado por el Ministerio Público, el cual consta de 195 páginas, Cáceres Silvestre instrumentó un entramado de criminalidad organizada compuesto por un esquema societario, y con la participación de miembros vinculados a cuerpos castrenses y civiles para colocar, estratificar y reintegrar al sistema financiero nacional dinero defraudado del Estado.
