Madres separadas de sus hijos, deportaciones de mujeres en proceso de parto, menores dejados a su suerte en un país que les resulta extraño. Son las consecuencias más dramáticas de las medidas que ha comenzado a aplicar el Gobierno dominicano para controlar la migración irregular procedente de Haití.
La repatriación de mujeres embarazadas es una de las medidas adoptadas ante esta situación por el Ejecutivo dominicano desde septiembre pasado, en el contexto de una de las peores crisis de violencia que ha sufrido Haití en los últimos años.
Cientos de familias padecen las consecuencias de esta medida. Una de ellas recibió a Efe en su paupérrima casa de lata y madera en el municipio dominicano de Los Alcarrizos.
A Geralda, la matriarca embarazada de nueve meses, la interceptaron el pasado 10 de noviembre en la maternidad de La Altagracia, adonde acudió para someterse a un chequeo prenatal acompañada por su hija Wislanda, de 11 años. Acto seguido, ambas fueron deportadas. Ni siquiera tuvieron oportunidad de recoger sus cosas. Se marcharon con lo puesto.
Ahora, su ausencia pesa sobre los otros cuatro hijos y dos sobrinos de Geralda, de entre 5 y 23 años, que comparten el mísero hogar.Están sobrevivendo con lo que saca la mayor de las hijas con la venta ambulante, una actividad con la que esta joven de 16 años se expone a ser deportada.
Ella es la única que se atreve a salir a la calle. Los demás no se alejan de la casa. Ninguno tiene documentos y, como en la mayoría de los casos que Efe ha conocido durante la elaboración de este reportaje, apenas hablan español, a pesar de que llevan años viviendo en República Dominicana.
Mientras tanto, Geralda y Wislanda están a 320 kilómetros, al otro lado de la frontera, acogidas en las instalaciones del Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) de la población de Belladere, adonde fueron deportadas.
«Cuando estaba en la maternidad, Migración me atrapó», dice. Eran las cinco de la mañana. El hospital aún estaba cerrado, así que el personal de seguridad lo abrió para que las embarazadas entraran.
«Los agentes nos pidieron la ecografía. Se la entregamos. Entonces nos pusieron en línea y, después, Migración nos lleva», explica Geralda.
Limem, Widelyne y Madocherie también están refugiadas en el GARR, donde duermen en colchones tirados en el suelo que antes sirvieron de lecho a otras cinco embarazadas que llegaron allí desde que empezaron los retornos forzosos. Todas comparten la misma historia de pobreza y exclusión.
En algunos casos, los recién deportados, sean hombres o mujeres, vuelven a cruzar la frontera acompañados de los «buscones” que integran las organizaciones de tráfico de migrantes. Los conducen por las zonas menos vigiladas de la frontera a cambio de 200 dólares, explica a Efe el director del GARR, Orbé Rigard.
Actualmente hay 12.000 militares desplegados a lo largo de la línea que separa Haití de República Dominicana, donde avanza la construcción de un muro fronterizo para impedir el paso de migrantes, reforzado con puestos de vigilancia.
En el portón que separa la localidad dominicana de Comendador de la haitiana Belladere, los agentes controlan los desplazamientos, principalmente de haitianos que cruzan para comprar mercancías, y especialmente de los camiones, por si esconden inmigrantes.
Ahí también llegan a diario autobuses amarillos que antaño transportaron escolares y hoy, reforzados con rejas, llevan a haitianos de vuelta a su país, en ocasiones, mujeres embarazadas.
Las autoridades dominicanas justifican estas deportaciones argumentando que los servicios de maternidad del país son incapaces de asimilar la llegada de mujeres haitianas embarazadas, que han pasado del 12,5 % de los alumbramientos en 2018 a un 30 % en la actualidad, según estadísticas oficiales.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) cifra en 73 millones de dólares anuales la inversión del país en atenciones médicas a los residentes haitianos, incluyendo 5,8 millones de dólares en partos, según datos de un estudio de 2019.
En diez días desde el inicio de las deportaciones de embarazadas, la afluencia de haitianas ha bajado hasta un 20 % en los centros médicos de la capital y un 10 % en los hospitales de la frontera, señala el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien puntualiza que los casos de emergencia siempre serán atendidos en el país.
