La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó este miércoles una amplia demanda contra el expresidente Donald Trump, tres de sus hijos adultos y la Organización Trump, en la que los señala de estar involucrados en un fraude expansivo que duró más de una década y que el exmandatario habría utilizado para enriquecerse.
El expediente del caso señala que los acusados son Donald J. Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump, Allen Weisselberg, Jeffrey Mcconney, The Donald J. Trump Revocable Trust, The Trump Organization, Inc. y otras empresas asociadas al exmandatario.
En la demanda de más de 200 páginas, James, demócrata, sostiene que el fraude se extendió a todos los aspectos de los negocios de Trump. Entre ellas, sus propiedades y campos de golf. De acuerdo al documento, la Organización Trump engañó a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales al inflar el valor de sus propiedades utilizando tasaciones engañosas.
«Esta conducta no puede ignorarse y descartarse como una especie de error de buena fe», dijo James en una conferencia de prensa en Nueva York.
«Las declaraciones de la situación financiera fueron muy exageradas, groseramente infladas, objetivamente falsas y, por lo tanto, fraudulentas e ilegales», agregó. «Y como resultado de eso, estamos buscando reparación, y el señor Trump, la Organización Trump, su familia, todos ellos deberían rendir cuentas”.
Además de Trump, sus hijos, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump están entre los acusados en la demanda. Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump, y Jeff McConney, otro ejecutivo de la empresa desde hace mucho tiempo, también fueron incluidos.
James dijo que cree que las leyes estatales y penales pudieron violarse y remitió el asunto a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).
«Estos actos de fraude y tergiversación fueron de naturaleza similar, los cometió la alta gerencia de la Organización Trump como parte de un esfuerzo común para cada declaración anual y fueron aprobados en los niveles más altos de la Organización Trump, incluido el señor Trump él mismo», apunta la demanda.
Como parte de la demanda, James busca que haya una compensación de 250 millones de dólares en fondos supuestamente mal habidos, además de prohibir permanentemente que Trump y sus hijos mencionados en la demanda se desempeñen como directores de una empresa registrada en el estado de Nueva York. También solicita cancelar el certificado corporativo de la Organización Trump que, de ser otorgado por un juez, podría obligar efectivamente a la empresa a cesar sus operaciones en ese estado.
Trump ha descrito a James como una «fiscal rebelde» que, según él, está llevando a cabo una investigación «vengativa y egoísta». La Organización Trump calificó sus acusaciones prevoas de «infundadas» y negó cualquier delito.
En respuesta al anuncio de este miércoles, Alina Habba, abogada de Trump, dijo en un comunicado a CNN: «El documento judicial de hoy no se centra ni los hechos ni en la ley, sino que se enfoca únicamente en promover la agenda política del fiscal General. Está muy claro que la la Oficina de la Fiscal General se ha excedido en su autoridad estatutaria al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ninguna irregularidad».
El abogado de Weisselberg, Nicholas Gravante, se negó a comentar.
La demanda civil llega cuando Trump se encuentra bajo una creciente presión legal, a medida que los fiscales avanzan en investigaciones que se acercan cada vez más a su círculo íntimo.
El expresidente se enfrenta a numerosas investigaciones penales de fiscales federales y estatales, que involucran la exactitud de los estados financieros de su empresa, la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo. Trump ha negado todas las acusaciones.
