El grupo cívico Somos Pueblo depositó el día de hoy en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia formal y solicitud de investigación de hechos contra delitos electorales cometidos en las pasadas elecciones municipales suspendidas por el fracaso del voto automatizado.
La denuncia de hechos cometidos por diversos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Junta Central Electora (JCE), tiene 7 puntos que solicita investigar, dentro de los cuales se encuentran:
1) Que el presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montás, en el programa “El Gobierno de la Mañana”, de la emisora Z101, admitió públicamente y profesa como una amenaza, que el partido oficialista tiene un sistema que le permite saber quién votó, quien no votó y por qué partido votó.
Lo que implicaría que el partido oficialista mediante un software ilegítimo que solo podría estar instalado en los propios servidores y demás aparatos de la Junta Central Electoral tiene acceso a los datos a los que él se refiere. Por lo que, esto es evidencia innegable de una manipulación realizada por el Partido de la Liberación Dominicana en la estructura digital instalada por la Junta Central Electoral en sus servidores y demás aparatos para la recepción del voto electrónico. Este hecho amerita una investigación en la que se aperturen los servidores de la JCE.
2) El grupo también solicitó a investigar a Lucía Medina, actual diputada del partido oficialista en la provincia de San Juan de la Maguana, y hermana del presidente Danilo Medina, ya que se le atribuye un audio en el que se le escucha quejarse de la ineficiencia de sus equipos electorales y sus votantes, porque si no le dan dinero no se mueven, osea, que no van a votar.
El movimiento cívico exige que todo el andamiaje del voto electrónico debe de ser aperturado para su revisión y análisis forense, por parte de los peritos que serían aportados por los diferentes organismos internacionales que han participado y participarán en los comicios electorales del presente año, para que estos puedan determinar la causa real de las fallas sistémica mencionadas por el propio presidente de la JCE.
Que tuvieron como consecuencia la suspensión de los comicios electorales del pasado 16 de febrero a fin de determinar a nivel probatorio, sea la materialización de un acto criminal consistente en la manipulación, adulteración o simple destrucción de cualquiera de los elementos, tanto a nivel de software como de hardware, de dicho sistema, y la responsabilidad legal de su perpetrador o perpetradores, posibles cómplices o malhechores asociados, o en su defecto, y siendo la obligación del Ministerio Público, la de buscar tanto las pruebas a cargo como a descargo de los presuntos comisores de actos ilegales, se establezca de manera definitiva si dichas fallas ocurrieron adrede, por negligencia, descuido o simple incapacidad técnica del personal técnico y de los miembros y órganos directivos de la JCE.
Somos Pueblo afirma que su denuncia se ampara en la Constitución, la ley y la resolución emitidapor el Consejo Superior del Ministerio Público, sobre la Investigación y el Procesamiento de Infracciones a la ley Electoral, de fecha 6 del mes de febrero del año 2020.
A continuación el documento íntegro:
Por cuanto en fecha 16 de febrero del año 2020 se inició la celebración de los comicios electorales municipales a todo lo largo y ancho de la geografía nacional.
Iniciando dicho proceso a tempranas horas de las madrugadas con diversas dificultades sistémicas, especialmente en el área del voto automatizado, dentro de las cuales podemos mencionar:
- No aparecían todos los candidatos dentro de la boleta electrónica, en especial los de la oposición, hecho que casi no perjudicó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
- Dilación para la recepción de votantes en los lugares donde las diferentes encuestas realizadas de manera independiente daban como perdedor al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados.
- Disturbios y tiroteos en las mismas zonas con el fin de amedrentar a los ciudadanos que preferían los candidatos de la oposición, para que estos no pudieran ejercer libremente su derecho al voto.
- El amedrentamiento directo en sus hogares de candidatos de la oposición por parte de funcionarios públicos del partido oficialista y aliados con el fin de que ni siquiera estos pudieran ejercer su derecho libre al sufragio.
- Las amenazas a empleados públicos de ser cancelados de no votar por el candidato del partido oficialista, y las cancelaciones de los que expresaron que votarían por otro candidato.
- Soborno o dádivas de cuantías de dinero u objetos y enseres del hogar con el fin de comprar ante la necesidad de la población la mayor cantidad de votos posibles en beneficio del partido oficialista y así alterar la voluntad popular, y, por ende, el resultado de los comicios electorales en su beneficio.
- Entre otros (esta lista no es en ninguna forma limitativa, es meramente enunciativa).
POR CUANTO: A que fue Bartolomé Pujals, el candidato de la oposición y contendiente a la alcaldía del Distrito Nacional por el partido Alianza País, quien en tempranas horas de la mañana del pasado 16 de febrero del año en curso, y mediante su cuenta de la red social Twitter, como se puede constatar en el siguiente enlace: https://twitter.com/BartolomePujals/status/1229029250898026499, denunció y publicó una boleta electrónica emitida a través del uso del sistema del voto automatizado en la mesa electoral 0312A en la cual se ve claramente que solo aparecen los nombres del candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, y el de la continente, Carolina Mejía, candidata del Partido Revolucionario Moderno (PRM), más no así los nombres de los demás contendientes de la alcaldía del Distrito Nacional. Otra razón que trae sospecha sobre el sistema de voto automatizado, es que el propio presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montás, el 17 de febrero del año en curso, en el programa “El Gobierno de la Mañana”, de la emisora Z101, reproducido audiovisualmente también en el canal de YouTube Z Digital.
Admite públicamente, y profesa como una amenaza, que el partido oficialista tiene un sistema que le permite saber quién votó, quien no votó y por qué partido votó. Lo que implicaría que el partido oficialista mediante un software ilegítimo que solo podría estar instalado en los propios servidores y demás aparatos de la Junta Central Electoral tiene acceso a los datos a los que él se refiere. Por lo que, esto es evidencia innegable de una manipulación realizada por el Partido de la Liberación Dominicana en la estructura digital instalada por la Junta Central Electoral en sus servidores y demás aparatos para la recepción del voto electrónico.
POR CUANTO: A que fue el candidato a alcalde por el partido Fuerza del Pueblo del Distrito Nacional, Juan de Dios Ventura “Johnny”, quien, tras largas horas de espera en el colegio electoral donde ejercería su derecho al voto, alrededor de las 10:30 de la mañana, decidió abandonar el recinto y no ejercer su derecho al voto ya que según declaró, la Junta Central Electoral metió a la sociedad a un tollo, donde no aparecían todos los candidatos en los equipos del voto automatizado, razón por la cual gran cantidad de electores de su centro de votación se marcharon sin ejercer su derecho al voto, tal.
POR CUANTO: A que no fueron ni uno ni dos ni tres la cantidad de transgresiones violentas, materializadas en tiroteos, asesinatos, apresamientos y demás agresiones físicas contra ciudadanos simpatizantes de candidatos de la oposición, para que estos se intimidasen y desistieran de ejercer su derecho al sufragio, y así hacer valer su elección ciudadana al candidato de su preferencia, en los lugares donde las diversas encuestas independientes daban como ganadores a los candidatos de la oposición, en detrimento a las candidaturas del partido oficialista.
POR CUANTO: A que las acciones tipo gansteriles con modus operandi digno del crimen organizado perpetradas por funcionarios del partido oficialista, arroparon la geografía nacional. Vale mencionar como ejemplo y prueba las viles escenas captadas en videos, del actual cónsul de la República Dominicana en la Ciudad de Nueva York, del estado del mismo nombre de los Estados Unidos de Norteamérica.
Quien haciéndose acompañar de varios individuos armados con metralletas y pistolas, va a la casa de una candidata a vicealcaldesa de la oposición con el fin de aterrorizarla para que no se presente ella ni sus simpatizantes a ejercer tanto su derecho como obligación a votar en los comicios electorales, como lo dispone el numeral 2 del artículo de la Constitución de la República Dominicana, y así lograr su pérfido objetivo de obtener la victoria por medios criminales del candidato del partido oficialista para el cual trabaja.
Prueba de esto encontramos en el programa “Sin Maquillaje” de la periodista independiente Altagracia Salazar, de fecha 17 de febrero del 2020, en cuya transmisión muestra el video antes mencionado, y ella misma describe paso por paso el contexto de las imágenes que muestra.
POR CUANTO: A que son diversas las fílmicas, los audios y las cartas, en los cuales, se pueden ver, leer y escuchar a funcionarios públicos del partido oficialista amenazando de forma directa con la cancelación a los empleados a su cargo, de no favorecer con su voto al candidato de preferencia del partido de gobierno, tanto en el pasado sufragio electoral por las candidaturas municipales.
Como la venidera contienda electoral presidencial del próximo 16 de mayo. Aquellos que osaron desafiar tal amenaza, fueron cancelados de manera inmediata y sacados de la institución a la cual pertenecían, dejando claramente establecido que, si alguien quería continuar con su trabajo dentro de la estructura estatal, deberían obedecer el deseo particularizado de los miembros y funcionarios directivo del partido oficialista.
POR CUANTO: A que en el programa “Sin Maquillaje” de la periodista independiente Altagracia Salazar, de fecha 17 de febrero del 2020, el cual puede verse en la plataforma YouTube.
Donde esta comunicadora muestra y les permite escuchar la voz de quien identifica como Lucía Medina, actual diputada del partido oficialista en la provincia de San Juan de la Maguana, y hermana del presidente Danilo Medina, quejarse de la ineficiencia de sus equipos electorales y sus votantes, ya que según ella misma, “si no nos dan un peso no nos movemos”. Este no es más que uno de los ejemplos de esta práctica, ya que también podemos mencionar la controversial adquisición por parte del partido de gobierno, de tantos más de 380 millones de pesos en electrodomésticos a través del Plan Social de la Presidencia para estos ser repartidos en el momento de la celebración de las elecciones municipales, tal y como puede verse en una noticia del periódico hoy.
POR CUANTO: A que de todas las violaciones a la Ley Electoral No. 275-97 antes mencionadas y de las cuales hemos aportado como pruebas las plataformas electrónicas donde pueden visualizarse los videos, escucharse los audios y leerse los documentos, todas las cuales tienen un único fin, de dar por ganadores en las contiendas electorales a los candidatos del partido oficialista, para así asegurar su ilegítima continuidad en el poder, consideramos que la única que merece un procedimiento especial para la recaudación de la totalidad de las pruebas lo es aquella contenida en la letra A del primer párrafo de la presente instancia, ya que todas las demás, con las pruebas por nosotros aportadas, o los lugares donde estas pueden ser visualizadas y adquiridas.
Se encuentran completas a nivel probatorio, y en la mayoría de los casos ni siquiera ameritan diligencias investigativas adicionales. Siendo así las cosas y teniendo evidencia de cómo fue corrompido todo el engranaje para el sufragio electoral a través del voto electrónico, consideramos necesaria e imperativa un análisis forense de todos y cada uno de los equipos, desde el propio conjunto de servidores de la Junta Central Electoral, hasta los dispositivos que de manera remota y una vez instalados en cada mesa electoral, recibían de forma directa el voto de cada ciudadano y luego retransmitían el mismo a los servidores antes mencionados. Ya que, según las propias declaraciones del actual presidente de la JCE, en fecha 16 de febrero del año en curso, donde en rueda de prensa dio a conocer los motivos de la suspensión de los comicios electorales para las elecciones de los candidatos municipales, se debió en su mayoría a fallas técnicas de la estructura electrónica antes mencionada.
Es por esta razón, sin detrimento o renuncia a las demás razones arriba mencionadas, que entendemos prioritario a nivel investigativo, que todo el andamiaje del voto electrónico debe de ser aperturado para su revisión y análisis forense, por parte de los peritos que serían aportados por los diferentes organismos internacionales que han participado y participarán en los comicios electorales del presente año.
Para que estos puedan determinar la causa real de las fallas sistémica mencionadas por el propio presidente de la JCE, que tuvieron como consecuencia la suspensión de los comicios electorales del pasado 16 de febrero a fin de determinar a nivel probatorio, sea la materialización de un acto criminal consistente en la manipulación, adulteración o simple destrucción de cualquiera de los elementos, tanto a nivel de software como de hardware, de dicho sistema, y la responsabilidad legal de su perpetrador o perpetradores, posibles cómplices o malhechores asociados, o en su defecto, y siendo la obligación del Ministerio Público, la de buscar tanto las pruebas a cargo como a descargo de los presuntos comisores de actos ilegales, se establezca de manera definitiva si dichas fallas ocurrieron adrede, por negligencia, descuido o simple incapacidad técnica del personal técnico y de los miembros y órganos directivos de la JCE.
POR CUANTO: A que es por las razones arriba expuestas, que tenemos a bien exigir lo que, en virtud de la Constitución, la ley y la resolución por el Consejo Superior del Ministerio Público, sobre la Investigación y el Procesamiento de Infracciones a la ley Electoral, de fecha 6 del mes de febrero del año 2020, lo que a continuación se expresa:
PRIMERO: Que se inicie por parte del Ministerio Público, la investigación preparatoria de las diversas infracciones a la ley electoral, detalladas y pormenorizadas en el cuerpo de la presente instancia. En los casos que la misma deba ser llevada a cabo, ya que, en la gran mayoría de los hechos por nosotros denunciados, las pruebas que de manera inequívoca señalan a los perpetradores de dichas infracciones han sido aportadas en diversas plataformas de redes sociales por medios de comunicación, candidatos, comunicadores, periodistas y ciudadanos responsables, por lo que bastan y sobran para el procesamiento judicial de las personas que han cometido dichas infracciones.
SEGUNDO: Que siendo el caso denunciado en la letra A del primer párrafo de la presente instancia, de mayor complejidad en cuanto a la reclamación de las piezas probatorias, así como determinación de la existencia, ya sea de un acto ilegal o de un hecho producto de negligencia, entendemos y solicitamos sean aperturados los equipos, tanto servidores como dispositivos instalados en cada mesa electoral a lo largo de la geografía nacional, transmisores y receptores de información, todos pertenecientes a la JCE, para que los mismos san examinados por peritos aportados por los diferentes organismos internacionales que en la actualidad se encuentran en calidad de observadores de los procesos electorales, a los fines de poder determinar la realidad de lo sucedido, y recabar las piezas probatorias que así lo comprueben en dicha estructura electrónica, que tuvo como resultado la suspensión de los comicios electorales municipales del pasado 16 de febrero del presente año.
TERCERO: Una vez terminadas las investigaciones preparatorias en los hechos en los cuales sean necesarias más diligencias investigativas, con el fin de obtener pruebas que no hayan sido proporcionadas por los medios de comunicación y la ciudadanía dominicana en las diversas plataformas digitales de redes sociales, presentar acusación ante el órgano judicial correspondiente en contra de los que dichas piezas probatorias señalen como los autores principales, secundarios, cómplices o malhechores asociados de los mismos.
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), año 176° de la Independencia y 157° de la Restauración.
El documento lo firman Ricardo Ripoll y Eduardo Sánchez, presidente y secretario de organización de Somos Pueblo.
A continuación un PDF del documento:
