El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió este martes el Informe anual de Derechos Humanos correspondiente al año 2020, en el que hace duras críticas a la República Dominicana por la corrupción grave del gobierno, especialmente entre altos funcionarios, la impunidad oficial, problemas «graves» con la independencia del poder judicial, así como denuncias de asesinatos ilegales y arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
De acuerdo al informe, otros de los problemas de derechos humanos «importantes» registrados en el país son tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno; condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida y detenciones arbitrarias.
También injerencia arbitraria en la vida privada; difamación penal de periodistas individuales; corrupción grave del gobierno; tráfico de personas y violencia policial contra personas lesbia-nas, ga-ys, bi-sexua-les, tran-sexu-ales e in-tersexu-ales.
Precisa además que en el 2020 el gobierno adoptó ciertas medidas para penalizar a los funcionarios que cometían abusos contra los derechos humanos, pero existen informes generalizados sobre la impunidad oficial y la corrupción, especialmente entre altos funcionarios.
Sobre la corrupción y la falta de transparencia en el gobierno, el informe enfatiza que «el gobierno no implementó la ley de manera efectiva y los funcionarios con frecuencia se involucraban en prácticas corruptas con impunidad. La procuraduría general investigó a funcionarios presuntamente corruptos».
«Las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de agentes de la Policía Nacional son un problema. Según datos del gobierno, más de 3.000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2007 y marzo de 2019. Se desconoce el número exacto de ejecuciones extrajudiciales»; precisa el informe.
Un documento difundido por la embajada de Washington en Santo Domingo estableció que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía, varias de ellas relacionadas con el toque de queda nocturno impuesto por el Gobierno en respuesta a la pandemia de la covid-19.
“En mayo”, precisó el informe del Departamento de Estado, “las trabajadoras sexuales de Santo Domingo informaron a los medios de comunicación de que los agentes de policía las golpeaban sistemáticamente cuando intentaban trabajar, en violación de las prohibiciones establecidas por la pandemia».
La impunidad fue un problema dentro de ciertas unidades de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional, agregó el documento, que atribuye al Gobierno dominicano no haber respondido “en gran medida” a las preguntas sobre los controles internos y las investigaciones entre las fuerzas de seguridad.
En otra de sus partes, el informe aseguró que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó de casos de migrantes haitianos y sus hijos, así como de dominicanos de ascendencia haitiana, que fueron detenidos y deportados porque las autoridades no les permitieron buscar documentos de inmigración o de ciudadanía en sus residencias.
También se reportaron deportaciones de niños no acompañados y de mujeres que dejaban a sus hijos detrás.
La OIM, sin embargo, dijo que gracias a la formación impartida a los funcionarios de migración, el número de deportaciones erróneas de personas documentadas y vulnerables se redujo en un 58 % en los últimos cuatro años en República Dominicana.
“En los últimos años hubo informes de intimidación, amenazas y chantaje por parte de los empleadores para evitar la actividad sindical. Algunos sindicatos exigían a los miembros que presentaran documentos de identidad para participar en el sindicato a pesar de que el Código Laboral protege a todos los trabajadores independientemente de su situación legal”, dijo el informe.
Estados Unidos aseguró que en los «últimos años” las empresas despidieron a trabajadores por actividad sindical y a sindicalistas incluidos en listas negras, entre otras prácticas antisindicales.
“Los trabajadores informaron que tenían que firmar documentos comprometiéndose a abstenerse de participar en las actividades sindicales, mientras las empresas también crearon y apoyaron sindicatos ‘amarillos’ para contrarrestar a los sindicatos libres y democráticos”, precisó el Gobierno estadounidense.
