RD.- El presidente Luis Abinader sentenció ayer que los funcionarios que no hayan hecho sus declaraciones juradas de bienes quedarán suspendidos en sus labores públicas por violar la Ley 311-14.
Al ser entrevistado por los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, Abinader hizo la advertencia de manera categórica.
“Todos los ministros lo declararon, todos los directores generales lo declararon; y ya saben que es un periodo de 30 días. El que no lo declare estará suspendido”, aseguró el mandatario.
El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, informó que hoy notificará a la Procuraduría General de la República (PGR) los casos de 1,700 funcionarios del gobierno central que no presentaron su declaración jurada de bienes.
Álvarez Pérez sostuvo estaba preparando el listado de esas personas que no han presentado su declaración para que sean sancionadas como está contemplado en la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Bienes.
La promesa del Jefe de Estado de suspender a cualquier integrante de su gobierno que no presentara su declaración de bienes fue hecha a finales del mes de agosto de este año.
Abinader aseveró que si en un periodo de tres semanas, posterior al vencimiento de la fecha de entrega, no se entregaba la declaración, entonces ese funcionario sería destituido.
En ese entonces la fecha final para hacerlo era el 15 de septiembre, sin embargo la Cámara de Cuentas dio un plazo para recibir la documentación hasta finales del 28 de septiembre, tras varias quejas de mal funcionamiento de su portal digital.
El plazo para que empleados públicos entregaran sus reportes de bienes venció el lunes a las 12:00 de la noche.
La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, aseguró que le han dado seguimiento a las declaraciones de los funcionarios.
Ortiz Bosch dijo que la ley es para darle seguimiento no para guardar el papel, por lo que ahora hay que verificar los documentos entregados por los funcionarios con la Dirección de Impuestos Internos (DGII), con el registro de títulos y los bancos.
Hizo un llamado a la Cámara de Cuentas para que aplique los poderes que da la Ley 311-14, “nosotros lo vamos a acompañar dándole seguimiento”.
Según la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, cuando los funcionario no puedan probar el origen legal de los bienes que han declarado ante la Cámara de Cuentas, en el momento que les sea requerido, podrán ser sometidos a la justicia por enriquecimiento ilícito.
La ley faculta al ministerio público a iniciar una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a presentar su inventario de bienes al ingresar y salir del cargo.
La exigencia de presentar la declaración es de orden constitucional y el plazo es de 30 días después de asumir el cargo, y 30 días tras salir.
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