La maternidad temprana sigue siendo un drama oculto con miles de casos al año en Latinoamérica, la segunda región con la mayor cantidad de reportes de este tipo en el mundo, que perpetua, de esa manera, ciclos negativos de abuso, exclusión y pobreza para la mayoría de las jóvenes madres.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, en inglés) estima que casi el 18 % de los nacimientos en la región corresponden a madres menores de 20 años. Además, proyecta que anualmente dan a luz alrededor de un millón y medio de adolescentes de entre 15 y 19 años.
Por ese motivo, organizaciones como Plan Internacional alertan que la alta tasa de embarazos tempranos “frustra el futuro” de muchas niñas y adolescentes en América Latina.
La mayoría de estos casos, afirman los expertos, están relacionados con la violencia machista y la pobreza extrema. Además, por la falta de acceso a la educación y la carencia de planificación familiar.
Todo hace indicar que esta situación se ha agravado por efecto del confinamiento y las medidas restrictivas ordenadas para afrontar la pandemia; se trata de algo que afecta a toda la región, pero que muestra cifras impactantes en países como Perú, República Dominicana, Venezuela y Panamá.
Las consecuencias en el futuro de la maternidad temprana
Tanto el UNFPA como Plan Internacional, además de otros organismos, alertan que esta situación “frustra el futuro” de las niñas y adolescentes. También, advierten que las medidas de confinamiento y aislamiento por la emergencia sanitaria agravaron la problemática.
En este sentido, se han provocado “severas repercusiones para las niñas y adolescentes de la región, en especial, en el cumplimiento de sus derechos; como por ejemplo, el acceso a la educación y su desarrollo personal y profesional”, remarca Plan Internacional.
En Perú, según datos del UNFPA, siete de cada diez niñas que son madres dejan el colegio; con esto reducen drásticamente sus oportunidades de desarrollo y, en muchos casos, se condenan a ocupar empleos informales.
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La situación es similar en toda la región, ya que en Venezuela la Encovi señala que apenas el 8 % de las madres adolescentes puede conciliar la maternidad y los estudios; esto lleva a las jóvenes a dejarlos a edades tempranas, incluso antes de tener su primer hijo.
En Panamá, activistas defensores de los derechos de la infancia subrayan una mezcla de múltiples factores; dentro de estos señalan la desigualdad, la pobreza y la falta de certeza de castigo para los agresores sexuales. A esto se agrega una cultura patriarcal que alimenta un silencio cómplice de las familias de las víctimas.
En República Dominicana se remarca que tampoco ayuda la situación del país para controlar la maternidad temprana; se trata de una de las seis naciones de América que mantienen una prohibición total del aborto.
Las vías para enfrentar la tragedia
El Código Penal peruano señala que cuando una menor de 15 años queda embarazada ha sido objeto de un abuso sexual. Sin embargo, las denuncias de estos casos no son la norma y las familias que deciden hacerlo ven como muchas veces quedan impunes.
El UNFPA también alerta que en el país andino es esencial la prohibición del matrimonio infantil; a este muchas familias recurren para lidiar con los embarazos de las niñas y evitar los juicios por violación sexual.
González remarcó, al respecto, que el matrimonio infantil “significa legalizar una mutación de un violador a ser esposo”. Consideró que esto atenta contra los derechos de las niñas “porque es una decisión que va más allá de sus deseos y derechos; la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad».
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