Abogado de dealer LPI Muñoz niega estafa y defiende incautaciones de vehículos

Santo Domingo, RD. – El abogado del dealer LPI Muñoz SRL, Juan Bautista Aguilar Mesa, salió al frente a las denuncias presentadas por más de una decena de personas que acusan a la empresa de estafa, falsificación de documentos y retiro ilegal de vehículos.

En declaraciones ofrecidas al programa Bajo el Foco, transmitido por De Último Minuto TV y El Seis, Aguilar Mesa aseguró que “no hay estafa ni robo” y que las incautaciones de vehículos realizadas por la empresa se han hecho conforme a lo establecido en los contratos firmados con los clientes.

“Muchos clientes retiraron los GPS de los vehículos, lo cual está expresamente prohibido en los contratos. Ese incumplimiento permite a la empresa tomar medidas, incluyendo la recuperación del bien financiado”, afirmó.

Las denuncias en contexto

El jurista explicó que en ningún caso se ha actuado fuera del marco legal, y que los contratos firmados por los clientes establecen claramente los términos de la transacción, incluyendo cláusulas sobre incumplimientos, mora, uso de GPS y condiciones de retiro del vehículo.

Aguilar Mesa rechazó que se trate de una red de estafa y sostuvo que muchos de los casos denunciados responden a conflictos comerciales derivados del incumplimiento de pago o violaciones contractuales, no a un delito penal.

Abiertos a la justicia

Pese a las acusaciones que cursan en los tribunales, el abogado expresó que el dealer está dispuesto a responder ante la justicia y acudir a cualquier escenario necesario para demostrar la legalidad de sus operaciones.

“Confiamos en que el proceso judicial permitirá esclarecer los hechos. LPI Muñoz está comprometido con sus clientes y con las normas legales que rigen el sector”, subrayó.

Antecedentes

El dealer LPI Muñoz SRL, ubicado en Los Alcarrizos, enfrenta denuncias formales de al menos 10 personas, quienes aseguran haber sido víctimas de prácticas irregulares, incluyendo la desaparición de vehículos tras haber realizado pagos y la entrega de contratos con cláusulas supuestamente abusivas. El caso se encuentra bajo investigación judicial.


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