La Procuraduría General de la República incautó este lunes una cantidad considerable de bienes a los implicados en el caso coral, encabezado por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, en el que se identifican cinco fincas de grandes terrenos e inversiones millonarias, las cuales producen pollos, ganado, limones, piñas y otros rubros.
Informaron que en Sabana Grande de Boyá se encuentra la finca conocida como la del 12, donde funciona la Asociación Madre Tierra, la cual produce ganado y posee seis modernas naves de producción de pollos con una capacidad de quince mil pollos cada una.
Dicha finca posee alrededor de cinco mil tareas y aseguran ha sido denunciada durante años por los comunitarios de la zona por verter al río Boyá heces fecales, grasa, aceite y gasoil a través de una planta extractora de agua.
Indicaron que en el mismo municipio se encuentra una segunda finca en la comunidad de Hato San Pedro, la cual se encuentra sembrada de limones persas, según la información está consta de más de mil tareas donde campesinos de la zona denunciaron que fueron despojados de estas tierras de forma ilegal y arbitraria
Asimismo, aseguran el tercer terreno se encuentra en Pueblo Nuevo, de Chirino, la cual produce piña con extensión de más de mil tareas, la cuarta en la comunidad de Las Marías, cercana a la Autovía Juan Pablo II y la última en el sector Camarón, Distrito municipal de los Botados de Yamasá, la cual lugareños la saquearon llevándose maquinarias y cercándola para ser ocupadas por estos, expresando que ese terreno es del pueblo y debe ser devuelto al pueblo.
Residentes de la zona expresaron que era frecuente ver parte de los acusados en la provincia Monte Plata transportándose en helicópteros, Jeepeta de lujo y vehículos militares sobre todo a la Pastora Rossy Guzmán, quien ofrecía culto a los empleados de esta.
Al grupo se le imputa delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Fiscalía aseguró que en los allanamientos fueron incautados bienes millonarios a los imputados, arrestados hace dos semanas y este lunes se les impuso 18 meses como medida de coerción.
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