La Asociación Dominicana de Profesores, (ADP), anunció que se movilizará frente al Ministerio de Educación el jueves 26 de mayo y el siete de junio frente al Palacio Nacional en demanda de mejoría en las condiciones de salud de los jubilados y pensionados del magisterio nacional.
En las protestas participarán los docentes activos que piden un reajuste general de salarios a todos los servidores de la escuela; mejora de la Jornada Escolar Extendida; cumplir la Ordenanza 2-2019 y la Orden Departamental No.43-2019 sobre sustituto o suplente y pago de licencias.
También protestarán por la «superación de las pésimas condiciones sanitarias, de espacio y violencia en la escuela; la provisión de los recursos, medios e insumos educativos y que se libere de carga administrativa a los docentes».
La convocatoria del sindicato se produce a pesar de que la reunión que sostuvo con el ministro de Educación, Ángel Hernández le solicitó gestionar una reunión con el presidente Luis Abinader para tratar el tema de las pensiones de jubilados y pensionados que reciben pagos de pocos montos, pues se jubilaron hace mucho tiempo. La reunión con el ministro se produjo el pasado 26 de abril.
«En vista de la insensibilidad y omisión de las autoridades a las justas reclamaciones del magisterio para atender el reajuste del salario pensional, un real seguro médico que sea efectivo, cobertura de medicamentos de altos costos a miles de docentes jubilados de todo el país, la ADP se ve en la obligación de volver a la movilización», señala la nota de prensa.
Las movilizaciones incluyen la realización de asambleas municipales el próximo viernes 19 de mayo y la presentación de la situación de los pensionados y jubilados en cuanto a su seguridad social a través de los medios de comunicación y se realizarán encuentros con fuerzas políticas y sociales para plantear la situación.
«Alertamos que la participación de los maestros activos en esta segunda fase de movilización a favor de los profesores que dieron su vida al sistema educativo se debe al caos que impera en las escuelas del país que afecta a los docentes y estudiantes por lo que están incluidas las siguientes demandas», expresa el documento.
Señala la ADP que las condiciones laborales en la mayoría de los centros educativos del país empeoran por problemas de espacios, servicios sanitarios, ausencia de recursos e insumos (sin libros, sin conectividad); excesiva carga administrativa a la función docente; la inseguridad, la violencia generalizada afectando la salud de docentes y estudiantes, y consecuentemente la baja en los rendimientos educativos.
Denunciaron que los intereses privados en materia de salud amenazan al SEMMA y afirman que, de 24 mil nuevos docentes, solo 3 mil fueron afiliados al SEMMA, mientras 21 mil docentes fueron dispersados al negocio privado de la salud, o sea, a otras ARS privadas.
Manifestó la ADP que habría sido excluida de las Comisiones Nacionales de Concurso de Oposición, en violación del Estatuto del Docente, y existiría discrecionalidad y el autoritarismo en Educación que ponen en crisis la gobernanza en todo el sistema educativo.
Otras quejas incluyen el «Programa Nacional de Inducción», la carga administrativa agregada a la función docente (Libro-Registro-Evaluación infinita y boletines) en un modelo educativo que afirman es errático centrado en la evaluación -y no en los aprendizajes.
Indican que esto afecta la salud mental docente, y consecuentemente su desempeño
«El maltrato oficial a los docentes, y la arenga a los padres y madres para que «enfrenten» a los profesores en las pésimas condiciones en que están tantas escuelas en todo el país – arenga desde el mismo Ministerio de Educación-, es una prueba inequívoca de que el Minerd, asaltado por los intereses privados, ha optado por la provocación, la confrontación y la violencia», agregaron.
Finalmente advirtieron al ministro que no caerán en provocaciones, pero no van a permitir que reduzca a cero 53 años de conquistas magisteriales.
«Si no hay diálogo sincero y resolutorio; si no hay respeto por más de 120 mil docentes; ¡si no hay ejercicio verdaderamente de Estado, y no privado, en el sistema educativo, apegado al interés público, a la legislación educativa y a la Constitución, nos tendrán MOVILIZADOS!, concluye la nota. Dl
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