RD.- La Cámara de Diputados convirtió en ley, al declarar de urgencia y aprobar en dos lecturas consecutivas, el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir y colocar valores de deuda pública por hasta un monto máximo de más de 363.2 millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera.
La iniciativa pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y sustentará parte del presupuesto de 2023.
La pieza, aprobada en el Senado el pasado 13 de diciembre, contó con el informe favorable de una comisión especial, que estuvo presidida por el diputado perremeista, José Francisco Santana Suriel.
El documento fue firmado por 13 de sus 15 integrantes. No lo rubricaron los diputados Danny Guzmán e Isabel Jacqueline Ortiz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Rafael Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo (FP).
Según lo que establece el referido informe la decisión fue tomada por los comisionados luego de analizar la pieza, el reporte de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (Ofitrel), contar con la presencia y asesoría del coordinador de la Oficina de Análisis, Seguimiento y evaluación Presupuestaria (OASEP) y recibir a la viceministra de Crédito Público, María José Martínez.
Destacan los diputados comisionados que el objetivo de ese proyecto de ley es otorgar la aprobación congresual al Poder Ejecutivo, atendiendo a la favorabilidad de las condiciones financieras del mercado.
Señalan que el monto aprobado por esa ley está contemplado dentro del ejercicio presupuestario correspondiente al 2023, de acuerdo con la programación dispuesta por el Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Dirección General de Crédito Público.
Establece, el informe, que las operaciones de manejo, administración y gestión de pasivos durante el año 2023, por hasta un 10 por ciento del balance de la deuda del Sector Público No Financiero, busca reducir el monto del servicio de la deuda externa e interna o el riesgo a exposición cambiaria de dicho sector.
A través de emisiones de títulos de deuda para canjear o recomprar pasivos de deuda del sector público no financiero.
