Pastora evangélica, cantante góspel y política, una congresista acusada de ordenar el asesinato de su marido, también líder religioso, con la complicidad de siete de sus 55 hijos protagoniza un novelón en Brasil donde la realidad supera a la ficción.
Flordelis dos Santos Souza, viuda del pastor evangélico Anderson do Carmo y quien está en libertad por cuenta de su inmunidad parlamentaria, urdió desde 2018 una trama para segar la vida de su esposo, 16 años más joven que ella, según detalles divulgados por las autoridades tras la captura de varios de sus hijos el lunes.
El religioso fue acribillado con más de 30 tiros el 16 junio de 2019 cuando la pareja llegaba a su residencia tras haber participado en una ceremonia religiosa.
En ese entonces, la diputada atribuyó el homicidio del pastor a un asalto efectuado por varios hombres que al parecer los venían persiguiendo en una motocicleta.
La pareja de evangélicos tenía 55 hijos, la mayoría de ellos afectivos, algunos adoptados legalmente y unos pocos biológicos.
La mayoría de ellos eran menores que vivían en las calles, al calor del tráfico de drogas. Dos Santos los empezó a acoger desde la década de los 90, cuando aún vivía en Jacarezinho, una favela al norte de Río de Janeiro donde nació y creció y de la que también era vecino Anderson do Carmo.
Según testimonios de la madre del pastor a medios locales, inicialmente Do Carmo fue novio de una de las hijas biológicas de la hoy diputada, pero luego comenzó una relación con ella.
Para entonces, ella tenía 30 años, estaba separada de su primer marido y contaba con tres hijos. Do Carmo tenía 14 años de edad.
Con el tiempo la relación se fortaleció y Do Carmo pasó a ser el administrador de la casa donde ella albergaba a los demás «hijos». Asimismo, se convirtió en una especie de «manager» de la pastora.
Además de promocionarla como líder evangélica, empezó a impulsarla como cantante, mientras que los trabajos domésticos eran realizados por el resto de la familia.
Con el tiempo, ella se hizo famosa por ser la «madre de 55 hijos», pero también como artista de música góspel -grabó 10 discos- y era reconocida en Brasil y en el extranjero.
Todo eso le sirvió de trampolín para lanzarse a la política y fue elegida diputada federal por Río de Janeiro por el Partido Social Democrático(PSD) en 2018.
Do Carmo creció a la par de ella, se convirtió en pastor y pasó a administrar ya no solo la casa sino todo el dinero que ingresaba con la labor de Do Santos.
Eso fue lo que rebosó la copa de la pastora y lo que, según las autoridades, la llevó a quitarle la vida a su esposo pues, además de una eterna lucha de poder, ella buscaba su emancipación financiera.
Sin embargo el trabajo pericial de las autoridades logró establecer que los intentos de asesinato comenzaron en 2018 cuando la congresista pretendía quitarle la vida envenenándolo gradualmente, hechos por los que Do Carmo fue internado al menos seis veces tras ingerir alimentos que lo intoxicaron.
En este cometido, la pastora supuestamente actuó con la complicidad de cuatro de sus hijos que hoy ya están tras las rejas: Marzi Teixeira da Silva (adoptada) y Simone dos Santos Rodrigues (biológica), que se encargaron de conseguir el veneno y colocarlo en la comida de Do Carmo, y André Luis de Oliveira y Carlos Ubiraci Francisco da Silva, que fueron responsables de que ingiriera los alimentos.
«Hay una certeza absoluta de que le pusieron veneno en dosis letales. Simplemente no murió porque logró recibir atención médica», dijo el comisario de la policía Allan Duarte, responsable de la investigación.
Para intentar librarse de los hechos que la vinculaban con el asesinato de su esposo, la congresista supuestamente manipuló a los hijos que fueron acusados de perpetrar el crimen durante la primera fase de la investigación y les prometió dinero y viajes a cambio de asumir el crimen y que ella no fuera mencionada en las delaciones.
En total, siete hijos de la pareja, cuatro hombres y dos mujeres, y una nieta, han sido capturados por los hechos. Otras dos personas, ajenas a la familia, también fueron presas por las autoridades.
La diputada fue imputada ante el Tribunal Superior de Justicia por los delitos de homicidio triple calificado, intento de homicidio, falsedad ideológica, uso de documentos falsos y asociación delictiva.
Tras la acción, la Justicia le prohibió salir del país y trasladar su residencia a otra ciudad.
La Policía remitió a la Cámara de Diputados copia de la investigación para la adopción de las medidas administrativas pertinentes que podrían derivar en la destitución de la parlamentaria para que responda del delito en prisión.
Desde el comienzo, la parlamentaria ha negado su participación en el homicidio. EFE
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