Ana Julia Quezada ha recibido en su celda de la cárcel de Almería la sentencia que la condena a prisión permanente revisable por asesinar con alevosía a Gabriel Cruz, el hijo de ocho años de su pareja.
La magistrada Alejandra Dodero, de la sección segunda de la Audiencia de Almería, le ha impuesto ocho años y tres meses más de encarcelamiento por dos delitos de lesiones psíquicas y contra la integridad moral de los padres del pequeño. En la decisión se aplica el agravante de parentesco.
La inmigrante dominicana, de 45 años, es la primera mujer que recibe esta controvertida pena, una cadena perpetua de facto, que solicitó tanto la fiscal, Elena Fernández, como el abogado de los padres del niño, Francisco Torres, después de que el jurado popular la declarase culpable de asesinato con alevosía el pasado 19 de septiembre.
Recibió el veredicto hierática, sin lágrimas por primera vez en todo el transcurso del juicio, que se prolongó durante 10 días. En la letanía de hechos probados, al igual que en la sentencia, la narración del último día de vida de Gabriel, el 27 de febrero de 2018. Quezada sorprendió al niño aquella tarde, después de llevarle a una finca familiar en Rodalquilar (Almería), y lo asfixió hasta su muerte.
Luego lo enterró y pasó 10 días alimentando la esperanza de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, los padres sacudidos por la pena y la incertidumbre. Hasta que fue detenida con el cadáver del pequeño en el maletero de su coche.
Según la sentencia, Quezada no podrá, si sale de prisión, vivir en Níjar en los próximos 30 años. En este municipio almeriense habitan los padres del niño. Tampoco podrá acudir allí ni acercarse a menos de 500 metros de los progenitores. La sentencia le obliga a pagarles 250.000 euros a cada uno por daños morales. Incluso deberá abonar lo que el Estado gastó en buscar a Gabriel, 200.203 euros.
La decisión de la Audiencia Provincial, que recoge el veredicto del jurado, señala que Ana Julia estableció una relación con Ángel en septiembre de 2017, conviviendo con él y con el niño cuando al menor le correspondía estar con su padre. El 23 de febrero del 2018, la acusada, Ángel y Gabriel se desplazaron al domicilio de la abuela del menor en Las Hortichuelas Bajas, en Níjar (Almería), para pasar unos días de vacaciones.
Cuatro días después, sobre las 15.30, el pequeño salió de dicha casa a jugar con unos primos que vivían cerca. «La acusada, inmediatamente después de marcharse Gabriel de la vivienda, se subió a su vehículo e interceptó al niño, instándole a que le acompañara a la finca sita en Rodalquilar (Níjar, Almería) para realizar labores de pintura», relata el fallo de la magistrada Alejandra Dodero.
Ante la confianza generada por Ana Julia al ser una «persona íntimamente vinculada a su entorno familiar», accedió a irse a esta finca ubicada en un «lugar alejado y deshabitado».
Destaca además que la acusada era «consciente de su superioridad respecto del niño, por la diferencia de edad y complexión» y que una vez en la finca, de «forma intencionada, súbita y repentina, cogió a Gabriel y lo lanzó contra el suelo o pared de la habitación, y tras el impacto del niño, procedió la acusada, con sus propias manos a taparle la boca y la nariz con fuerza». Así hasta que logró «vencer su resistencia y provocar su fallecimiento» como consecuencia de la oclusión de los orificios respiratorios, por asfixia mecánica por sofocación.
La búsqueda de Gabriel se prolongó durante 11 días, tiempo en el que la condenada «simuló encontrarse afligida y compungida, alentando los ánimos de los familiares, y generando falsas expectativas sobre la aparición del pequeño, involucrándose en las labores de búsqueda, desarrollando una actitud de simulación, fingimiento y farsa pública y notoria».
En este sentido, el fallo recalca que le decía a los padres: «Hoy lo vamos a encontrar, hoy va a aparecer, le vamos a dar Coca-Cola, el niño me dijo esa mañana que quería llamarte -refiriéndose a la madre- y le dije que a la tarde cuando llegara su padre».
También recuerda cómo el 3 de marzo, para distraer la atención en la búsqueda del niño y con la finalidad de dirigir las sospechas sobre su expareja, así como con la «intención de añadir más sufrimiento a los padres», colocó una camiseta del niño sobre unas matas, en un cañaveral de un paraje apartado y de difícil acceso.
Ya el día 11 marzo, desenterró el cuerpo de Gabriel de la finca de Rodalquilar, lo metió en el maletero de su coche y durante el trayecto hasta Vícar (Almería) profirió expresiones de «absoluto desprecio» al niño. «Todos estos actos llevados a cabo por la acusada los realizó queriendo y siendo consciente de que aumentaba el sufrimiento de los padres, menoscabando su salud psíquica, e igualmente con ellos quiso de modo deliberado vilipendiar, humillar y vejar a ambos padres», concluye.
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