SD. La autorización judicial número 22196- ME- 2016 establece que a los miembros de la megaestructura del narcotráfico internacional que presuntamente dirigía César Emilio Peralta (El Abusador), se le estaban escuchando las comunicaciones telefónicas desde septiembre del 2016.
Sin embargo, aunque la red estuvo operando durante años en la impunidad, el atentado en el que resultó herido David Ortíz, en junio de este año, sirvió de alerta a las autoridades norteamericanas cuando salieron a relucir el nombre e imágenes de César El Abusador. Un mes después del atentado, Estados Unidos envió una comunicación a las autoridades del país para solicitar la extradición de “El Abusador”.
Junto a César Peralta también pidieron la extradición del expelotero Baltazar Mesa (El Maestro), José Jesús Tapia Pérez (Bola Negra), Sergio Gómez Díaz y Jeifry del Rosario Díaz, quienes serán presentados hoy a las 10:00 ante la Segunda Sala Penal de la Suprema para fines de coerción y posteriormente decidir sobre su posible envío a Estados Unidos. Estos eran los supuestos cabecillas de la red.
Mientras que por el caso también se persigue a la esposa de El Abusador, identificada como Marisol Franco.
Otros cuatro a los que se les conocerá coerción el lunes, supuestamente realizaban labores operativas de lavado de dinero.
Uno de ellos es Obispo Feliz Lorenzo, señalado como jefe financiero de la estructura y coautor. Este es imputado de dirigir, coordinar, administrar y controlar la parte financiera de la organización, contribuyendo a mantener los registros contables y a maquillar los estados financieros de las empresas en procura de evitar que se descubriera el esquema de lavado de activos.
También está José Bernabé Quiterio (El niño). Este se presentaba en la sociedad como un “exitoso hombre de negocios”, pero según la Fiscalía, era el principal accionista utilizado por El Abusador para lavar dinero a través de las empresas D’Nino Siempre Fría SRL, Pragha Auto Detailing SRL, K Oss Lounge SRL, D’Jovanny Bar Disco SRL, Kaprich Dance Club, FLW & Asociados SRL, Sicotico HD Lounge SRL, Kristal Lounger SRL, Grupo Bernabé & Asociados SRL, Inversiones Hermanos Bernabé & Asociados SRL, París Auto Detailing SRL, entre otras.
Entre los supuestos testaferros además figura Roberto José Cáceres (Mameluko), quien fungió como propietario de varias empresas fachadas de venta y distribución de bebidas alcohólicas para el blanqueo de ganancias de la estructura criminal.
Mientras que del expelotero Octavio Dotel y Luis Castillo, se establece que estos lavaban dinero proveniente del narco a través de la adquisición de inmuebles y bienes.
En la solicitud de medida de coerción a Octavio Dotel Díaz se le acusa de ser “uno de los principales colaboradores en el aspecto de lavado de activos” de la red de César El Abusador, y de utilizar “su condición de exjugador de béisbol profesional que le permite mover grandes sumas de capital sin levantar sospechas de las autoridades del sistema financiero” para constituir empresas que sirvieron de fachada a los negocios ilícitos de la organización.
En su residencia ubicada en el condominio Torres Gemelas en la avenida Anacaona, Distrito Nacional, se ocupó un rifle Corner ShotCSM 2858, una escopeta Marca Mossberq, un revolver marca Smith & Wesson, todas sin registro, dice la Fiscalía.
Las informaciones de la Procuraduría establecen que la red de César el abusador estuvo operando en el país durante por lo menos 20 años. En este tiempo estuvieron introduciendo al sistema financiero nacional “cantidad exorbitante de dinero” a través del lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Ese dinero ingresaba al sistema a través de los negocios de la red entre los que figuran discotecas de las más famosas, inversiones en bienes e inmuebles, restaurantes, negocios de distribución alcohólica, compra de carros de lujo, entre otras actividades financieras.
De acuerdo con la información oficial, los centros de diversión nocturna no sólo servían para lavar dinero, sino que además eran utilizados como lugares de reunión para coordinar las actividades de tráfico de sustancias controladas y planificar la forma de incorporar fondos al sistema financiero de manera que parecieran negocios lícitos.
En la solicitud de medida de coerción que depositó la Fiscalía en contra de cuatro de los presuntos miembros narcos, se establece que una cantidad indeterminada de cocaína y heroína era traída al país desde Venezuela y Colombia, una vez en el país, la droga era traficada por la red hacia Puerto Rico, cuyo destino final era los Estados Unidos. El dinero retornaba al país y a Colombia.
