El confeso asesino del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, Fausto Miguel Cruz de la Mota, a mediados del año 2022, reveló que se ‘vio obligado’ a ultimar al fenecido tras percatarse de que su víctima estaba armada.
El imputado ofreció sus declaraciones durante una entrevista telefónica con la comunicadora Nuria Piera, en la que aseguró que Mera portaba un arma de fuego el día del crimen y que pudo ver parte de un revolver saliendo del bolsillo.
«Soy una persona muy ligada de hace 30 años, más o menos, a las armas y militar, o sea, yo sé cómo un revolver (se ve)… más un revolver que yo le traje», indicó.
Agregó que vio cómo el occiso se llevó la mano al bolsillo, indicando que esta acción fue lo que desencadenó el suceso.
«Él se llegó a poner la mano en el bolsillo, porque salía una parte de atrás, salía desde el bolsillo y se veía (el arma). Entonces, cuando empezó a ponerse la mano, ahí no sé, sucedió el hecho y me vi obligado a hacer eso (dispararle varias veces a Jorge Mera) y, de verdad, en contra de mi voluntad. Yo nunca lo quise hacer», sostuvo.
El encartado precisó que previo a dispararle, ambos sostuvieron una discusión por una presunta deuda que tenía el malogrado ministro con él, que superaba los tres millones de dólares.
Añadió que el extinto funcionario le pagaba en cuotas de 50 y 100 mil dólares, pero en esa ocasión el victimario le exigió el pago de 500 mil dólares a fin de calificar para un préstamo para comprar una villa en Casa de Campo.
‘La relación era de hermanos, pero eso sucedió (la muerte de Jorge Mera) por algo que se salió de control y ese día no es que yo en ningún momento quise hacer eso’, agregó el verdugo.
De acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales del marco jurídico del territorio dominicano, las medidas de coerción son revisadas cada tres meses y corresponde a los señalados demostrar al magistrado los presupuestos legales que fundamenten un cambio de decisión.
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En tanto, los representantes legales de Fausto se mostraron de acuerdo con la imposición de la medida de coerción contra su cliente, debido a que, según expusieron en ese entonces, era lo mejor para el atacante, ya que así se evitaría que éste fuera discriminado por el furor social que causó su asesinato.
