Carlos Abreu, de 36 años y residente de Sunrise, Florida, se declaró culpable en dos casos federales consolidados (24cr60155 y 25cr60015) de los siguientes cargos: (1) declarar falsamente ser ciudadano estadounidense para registrarse para votar; (2) utilizar el nombre de un ciudadano estadounidense para votar; (3) poseer armas de fuego como extranjero sin estatus legal; (4) hacer declaraciones falsas en apoyo de una solicitud de pasaporte; y (5) robo de identidad agravado.
Según las dos declaraciones fácticas, Abreu entró a Estados Unidos sin inspección y, en 2007, asumió la identidad de la víctima, “CRV”. Entre 2007 y su arresto en agosto de 2024, Abreu se presentó como “CRV” ante agencias gubernamentales federales, estatales y locales. La víctima, “CRV”, es un ciudadano estadounidense residente en Puerto Rico que no conocía a Abreu.
Abreu obtuvo una licencia de conducir de Florida en 2007. Se registró para votar bajo el nombre de «CRV» en 2016 y renovó su registro en 2020. Admitió haber votado en las elecciones federales de 2016 y 2022.
Abreu también admitió haber obtenido un permiso de porte oculto de armas de Florida a nombre de «CRV» y haber comprado cuatro armas de fuego. Abreu también admitió que, en 2021, intentó obtener pasaportes estadounidenses para sus dos hijas menores de edad y para él mismo, utilizando el nombre y la información personal de «CRV», todo ello sin autorización legal.
Está previsto que Abreu sea sentenciado el 10 de junio de 2025 ante el juez federal de distrito David S. Leibowitz. Abreu enfrenta hasta quince años de prisión por posesión de armas, diez años por pasaporte, cinco años por voto y un mínimo obligatorio de dos años por robo de identidad agravado. El tribunal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El fiscal de los Estados Unidos, Hayden P. O’Byrne, para el Distrito Sur de Florida, y el agente especial interino a cargo, Michael Conklin, de la oficina de campo de Miami del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de los Estados Unidos hicieron el anuncio.
La Oficina Local del DSS en Miami investigó el caso. La Oficina Residente del DSS en San Juan, Puerto Rico, y la ATF en Miami brindaron una asistencia invaluable. Los fiscales federales adjuntos Brianna Coakley y Daniel Rosenfeld están a cargo del caso. La fiscal federal adjunta Nadya Z. Cheatham está a cargo del decomiso de bienes.
