RD.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso arresto domiciliario por 18 meses a un hombre acusado por el Ministerio Público de estafar con casi RD$118 millones y más de US$314 mil a 20 clientes de varias compañías de inversiones de la capital.
La jueza Kenya Romero dispuso que el imputado José Dencil Mera Jiménez guarde prisión domiciliaria con localizadores electrónicos e impedimento de salida del país, así como la presentación de una garantía económica de RD$20 millones, como medidas de coerción. Además, declaró el caso complejo.
La fiscal investigadora y litigante Karina Concepción Medina, quien encabeza la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público, indicó que abrieron la investigación del caso tras recibir denuncias y querellas de 20 ciudadanos dominicanos y estadounidenses afectados por la estafa.
Los hechos. En asociación con otros de los investigados y a través de varias sociedades comerciales, en el periodo comprendido del 3 de abril de 1992 al 1 de septiembre de 2020, el imputado falsificó, usó documentos de comercio falsos, estafó, adquirió y administró activos provenientes de infracciones graves por la cantidad de RD$117,966,000 y US$314,000, en perjuicio de las víctimas.
Para sus operaciones fraudulentas, el infractor aseguraba que la sociedad comercial Trilateral de Leasing, S. R L. estaba autorizada por la Junta Monetaria para captar esos valores y cederlos a sociedades comerciales grandes, en calidad de préstamos a terceros, para generar los fondos con los que les retribuiría los intereses fijados a los clientes.
Además, distrajo fondos entregados a las personas afectadas a través de la realización de intermediación financiera no autorizada por parte de la Junta Monetaria.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público destaca que el 11 de octubre de 2021, alrededor de las 5:30 de la tarde, mientras el imputado Mera Jiménez se encontraba en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), fue arrestado por un agente de la Policía Nacional con asiento en la Interpol República Dominicana, amparado en una orden judicial.
La solicitud de medida de coerción explica que por este caso el Ministerio Público investiga a otras personas, así como a las sociedades comerciales Promotores de Inversiones Monetarias, S. A, Trilateral de Leasing, S. A., Trilateral de Leasing, S. R. L., Inversiones El Caimito, S. R. L., Centinela, S. A., Transportes Duluc, S. A. (Tradulca), Servicio Petrolero, S. A., (Servipeca) y Realinvest, S. R. L.
El órgano de la persecución penal ha calificado los hechos de manera provisional de violación a los artículos 265, 266, 147, 148, 405 y 408 del Código Penal Dominicano; el artículo 80, literales d, e y f.6 de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera; artículo 3.a de la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, así como el artículo 3.3 de la nueva Ley 155-17, sobre Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
