Desde este jueves hasta mañana los suplidores de alimento escolar no llevarán el servicio a los centros educativos de nivel público por la alegada crisis económica que les afecta debido al atraso en los pagos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
En un comunicado, el gremio que agrupa a los oferentes de productos alimenticios en las escuelas explicó que también paralizarán el envío de comida en reclamo de soluciones a las irregularidades que afectan al ente gubernamental.
En el documento, la agrupación llamó al presidente Luis Abinader a intervenir en la problemática para evitar el fracaso del programa de alimentos escolares del cual se benefician cientos de estudiantes.
Indicó que desde el viernes, los suplidores servirán a la comunidad educativa solo en la medida en que pueda financiarse sus operaciones.
La nota firmada por Francisco Capellán, presidente de la Asociación de Suplidores y Proveedores de Alimentos a las Escuelas de República Dominicana (Asupliderd); Marino Peralta, titular de la Unión Nacional de Suplidores de Almuerzo Escolar (Unsae) y Francisco Vargas, representante de la Asociación de Suplidores de Tanda Extendida de Barahona, (Asoateba), refiere que no hay forma de que los estudiantes continúen recibiendo los alimentos en los planteles escolares, si las entidades que los preparan no tienen dinero para continuar trabajando.
Señalaron que hay suplidores que no reciben el pago de sus servicios por parte del Inabie desde hace seis meses, e incluso algunos ya tienen hasta más de un año.
Asimismo, destacaron que no les han entregado el anticipo que establece la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones a las micros, pequeñas y medianas empresas.
Igualmente, suscribieron que el servicio se hace insostenible debido al aumento que han experimentado los productos alimenticios en los últimos años, los cuales en algunos casos ha superado hasta el 100 por ciento.
Además del retraso del pago de los suplidores, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil enfrenta denuncias de corrupción administrativa que ya están en manos de las autoridades correspondientes.
De acuerdo a una investigación realizada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a las pasadas gestiones del ente gubernamental, se encontraron indicios de naturaleza penal, que involucra a exfuncionarios del Gobierno anterior y del actual, así como a proveedores que presuntamente incurrieron en modalidades de contratación fraudulentas.
