El presidente boliviano, Evo Morales, ha denunciado esta mañana en La Paz que «está en proceso un golpe de estado», dirigido por la «derecha» opositora y que cuenta con apoyo internacional.
El líder indígena ha decidido declarar el estado de emergencia «para defender la democracia que ha costado sangre recuperar. Hasta ahora hemos aguantado y soportado con paciencia para evitar violencia», sostuvo contundente a la vez que llamaba a sus bases a defender el voto.
La respuesta presidencial se produce cuando todavía no ha terminado el polémico recuento electoral y cuando continúan las protestas en distintas zonas del país. En Santa Cruz se vive desde anoche un paro cívico indefinido, en protesta por lo que la oposición considera un «fraude escandaloso».
«Con el paro sólo se va a perjudicar sus departamentos, no hay razón para un paro, pero si es un paro político para un golpe de Estado tendrán sus razones», añadió el líder revolucionario.
Con el 96,78% de las actas procesadas, Morales (46,49%) aventaja al candidato opositor Carlos Mesa (37,01%) en 9 puntos y medio, por lo que todavía necesita seguir creciendo para alcanzar la diferencia de 10% que exige la ley electoral para no pasar al desempate de diciembre.
«Ganamos democráticamente, ganamos en seis departamentos, tenemos mayoría absoluta en senadores y diputados, faltó poco para tener los dos tercios», aseguró el presidente, quien insistió en que a la oposición le mueve el racismo: «No quiere reconocer el voto del movimiento indígena». «No estamos en tiempo de colonia, vamos a defender la democracia», culminó el candidato del Movimiento Al Socialismo.
Bolivia vive una encrucijada política desde el domingo. Aquella noche, los primeros datos al 80% adelantaban la necesidad de ir a segunda vuelta, una predicción que confirmaban tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como el único estudio independiente permitido. Pero tras un sospechoso «apagón» electoral durante 24 horas, como tantos otros en la Historia de América Latina, Evo Morales aparecía como ganador en primera vuelta, decido a presidir el país hasta 2025.
Las sospechas de fraude dispararon las protestas y la oposición adelantó que no reconocería el resultado final. La dimisión de Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), al considerar que se había desacreditado todo el proceso electoral, atizó aún más las protestas. En sus últimas declaraciones, Costas desveló que el TSE decidió dejar de publicar los resultados, aunque siguió procesándolos en silencio.
Mientras tanto el paro cívico se extiende sobre todo en Santa Cruz, capital económica del país y bastión de la oposición, además de en Potosí y Tarija. Un grupo de protestantes prendió fuego a la sede del Tribunal Electoral Departamental y al edificio del Registro Civil durante la madrugada, según reseña la prensa local.
La mayoría de los colegios han suspendido las clases tras una horas de aprovisionamiento compulsivo en supermercados y gasolineras.
