La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana publicó este martes su Informe de Derechos Humanos 2021, donde señala que en el país la corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave, pese a los esfuerzos del gobierno de Luis Abinader.
En el documento publicado en su página web, agrega que durante el mandato del presidente Abinader, la Procuraduría General de la República inició una serie de casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos de alto nivel y sus familias, en su mayoría de la administración anterior, pero también miembros de la administración actual.
No obstante, la corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave, tal y como ha precisado esa nación en informes anteriores.
Sin embargo, en el mismo informe puntualiza que la ley prevé sanciones penales para la corrupción de funcionarios y en un cambio con respecto a años anteriores señalado por los observadores independientes, es que el gobierno aplicó la ley con eficacia, considerando que la Procuraduría General de la República investigó a los funcionarios presuntamente corruptos.
Falta de voluntad política
“Los representantes de las ONG dijeron que el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas, era tradicionalmente la falta de voluntad política para procesar a los individuos acusados de corrupción, particularmente a los individuos bien conectados o a los políticos de alto nivel”, también dice el informe.
Cita que varias organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos particulares, denunciaron periódicamente actos de corrupción por parte de diversos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como la policía, los funcionarios de inmigración y los funcionarios de prisiones.
“En ocasiones, el gobierno recurrió a castigos no judiciales por corrupción, como el despido o el traslado de militares, policías, jueces y funcionarios menores”, destaca.
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