El periodista Guillermo Gómez, padre del empresario José Ángel (Jochi) Gómez Canaán , denunció este domingo que horas antes de que se conociera la medida de coerción del caso operación Camaleón, supuestamente el Ministerio Público le solicitó a su hijo que acusara al exdirector del Intrant, Hugo Beras, de haber recibido sobornos millonarios.
La denuncia fue realizada por el periodista en su programa Aeromundo, que se transmite por Color Visión, en donde afirmó que su hijo Jochi Gómez, quien se encuentra en prisión como medida de coerción por el caso Camaleón, se negó a aceptar la propuesta.
«El mismo día de que Jochi es citado para conocerse la medida de coerción fue convocado, es decir la medida era a las 2:00 de la tarde, y de su cárcel en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fue trasladado a la Procuraduría General ante ese Ministerio Público y a las 12:30 pasa Jochi y sus abogados a esa reunión con el Ministerio Público y qué ocurrió allí, que se le pide a Jochi que acuse a Hugo Beras, que lo acuse de haber recibido sobornos de millones», manifestó Guillermo Gómez.
Aseguró que Jochi respondió «que no hacía eso y que además él no podía hacer algo de esa naturaleza porque no ocurrió (sobornos)».
Continuó relatando que: «los abogados hicieron un receso para llamarme a mí y preguntarme mi posición, la posición de mi esposa Asunción y la mía fue la misma que la de Jochi que nosotros no acusamos a nadie y menos con falsedades».
«Acusar a Hugo Beras para que se salve mi hijo con medidas como lo han hecho con otros, eso no es posible, nosotros no somos ese tipo de gente. Que además la firmeza de mi hijo Jochi fue decirles que no, la misma posición de sus padres», destacó.
Dijo que con acusar a Hugo Beras «de algo que no hizo, ya ellos tendrían ese caso contra el exdirector del Intrant».
Todo será respondido
Guillermo Gómez dijo que, así como su familia ha soportado las cosas que el Ministerio Público ha dicho de Jochi, también espera «que ahora acepten también que vamos a defender la inocencia de mi hijo». «Cada una de estas acusaciones serán respondidas una por una y no habrá secretos, todo será conocido», destacó.
Aseguró que el Ministerio Público se dedicó a suplir informaciones falsas a una comunidad de la comunicación haciendo un ambiente para que la sociedad acusara y condenara a su hijo por todo lo que han dicho de él.
«Aquí va a salir todo, es decir si tuvimos nosotros tolerancia para escuchar todas estas filtraciones para desacreditar a mi hijo, también deben tener paciencia para escuchar cada una de las afirmaciones con pruebas que van a surgir en todas estas situaciones y donde un Ministerio Público quedará grandemente desacreditado», advirtió.
El pasado viernes, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres imputados en el caso de supuesta corrupción perpetrado desde el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).
La medida de coerción fue dictada contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Los imputados deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre.
Mientras que para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza Fátima Veloz dispuso arresto domiciliario y presentación periódica.
Por su parte, a los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas se les dictó una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica como medida cautelar.
La investigación del Ministerio Público, que la ha denominado operación Camaleón, se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.
Las irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.
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