La reforma constitucional que promueve el Gobierno debe ser el resultado de un pacto político, jurídico y social, para evitar fracasos posteriores, advirtió la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
“El presidente Luis Abinader puede, como propuesta, depositar en el Congreso Nacional la reforma constitucional más avanzada, y si no la pacta políticamente, va a haber problema”, declaró Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la entidad.
Sugirió a Abinader designar una comisión de juristas presidida por Antoliano Peralta, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, lo cual “quitaría presión” al gobernante.
Recordó que el Gobierno ha hablado de los dos aspectos en que se basaría la reforma, pero para una modificación en ese sentido se tiene que tener una visión transversal, ya que la iniciativa generalmente produce ruidos y tensiones sociales.
Dijo que las reformas de los años 1963, 2002 y 2015 no fueron exitosas porque no contaron con pactos políticos, contrario a las de 1994 y 2010, las cuales fueron consensuadas.
Opinó que el mejor camino para la reforma constitucional sería el referendo aprobatorio, establecido en el artículo 272 del texto sustantivo.
