La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el contrato para la semaforización del Gran Santo Domingo cuando el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), el director suspendido Hugo Beras, había pagado a la empresa contratista 863.16 millones de pesos, confirmó hoy una fuente del organismo oficial.
Cuando contrataciones públicas emitió la resolución de suspensión del contrato con la empresa Transcore Latam SRL, el pasado 27 de octubre, el Intrant dijo que el proyecto se había ejecutado en un 65.54 por ciento. El monto total del contrato fue de 1,317 millones de pesos, suscrito el día 18 de mayo de este año.
La DGCP se percató de las irregularidades casi siete meses después de que dicho contrato se lo enviaran para los fines de lugar. El expediente con las supuestas irregularidades no había sido enviado esta mañana a la Procuraduría General de la República, como anunció ayer el director de la DGCP, Carlos Pimentel.
Pimentel dijo en rueda de prensa que en dicho contrato se detectaron graves irregularidades que lo obligaron a su anulación y al sometimiento del caso por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
“En atención a las violaciones graves al debido proceso, esta Dirección General declara la nulidad de pleno derecho del primer ‘Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas”, y el “Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas’, lo que implica la nulidad del referido contrato”, declaró el director de la DGCP, Carlos Pimentel, expresó.
Añade que la decisión se toma “tras comprobarse que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del Intrant, y que se fundamentan en los informes señalados, adolecen de los mismos vicios que afectan su validez.
Pimentel anunció que concluyó el proceso de investigación de dos de las denuncias presentadas contra la licitación que tenía como finalidad la “contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Sto Dgo”, la que fue adjudicada a Transcore Latam por un monto de 1,317 millones de pesos, pese a que el proceso contemplaba inicialmente un monto de 1,200 millones.
Ello compromete al Estado por encima de su disponibilidad y “podría acarrear responsabilidad penal y patrimonial para los funcionarios actuantes”.
Entre las irregularidades cita indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros.
Sobre la empresa adjudicataria dijo que identificó un entramado societario con estructuras empresariales complejas, con signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final.
“Ese fenómeno apunta a prácticas que buscan deliberadamente ocultar la identidad de la persona o entidad que se beneficia finalmente de las operaciones”, dice.
Los abogados de la empresa norteamericana TransCore LP de Nashville en Tennesse, que ofrecen servicios de semáforos inteligentes en diversas ciudades de los Estados Unidos habían denunciado que su identidad fue usurpada en la referida licitación que se adjudicó el 18 de mayo del 2023 entre Transcore Latam SRL y el Intrant.
Asimismo, informaron que falsificaron «hasta la firma de su vicepresidente» y además negaron que los señores: Ray Cuesta, vicepresidente de Soluciones de Tránsito y Tecnología Vial de Transcore LP y sus ejecutivos Joonho J. Lee y Jim MacDonald fueran integrantes de su empresa, luego de que el miércoles se presentarán como miembros.
En tanto, la Oficina de Abogados Pellerano y Herrera, representantesde la empresa TransCore LP en el país, aclaró que no tienen vínculos con las empresas Transcore Latam, ni con su titular Pedro Vinicio Padovani Báez.
