RD.- El exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, manifestó mediante una carta dirigida al presidente Luis Abinader, sentirse amenazado por el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, imputados en el caso de sobornos Odebrecht.
En la misiva al jefe de Estado, precisó que las reiteradas amenazas por parte Rondón pone en peligro su vida y la de su familia, debido a que este externó de forma pública su deseo de asesinarlo.
“Precisamente en esa condición de jefe de Estado, pongo en su conocimiento la grave situación que atenta contra mi propia vida y la de mi familia ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes, el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso Odebrecht, expresó de forma pública, clara y abierta durante el programa Acento TV, su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal”, señaló Rodríguez.
La otra amenaza que llena de temor al exprocurador es la de Díaz Rúa, el cual manifestó sus decesos de agredirlo físicamente “en cualquier momento”.
Rodríguez indicó, que como Díaz Rúa es un ciudadano con historial delictivo y en diversas ocasiones ha agredido físicamente a diversos ciudadanos, entre ellos al entonces secretario de Estado Félix Bautista y al jurista Julio Cury, no duda que este llegue a materializar sus amenazas.
“Otro hecho que debe mover a alta preocupación y atención de los organismos de seguridad, lo constituye también las amenazas constantes de agresión física a un servidor, realizadas por parte del ciudadano Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y también imputado del caso Odebrecht, quien en fecha 8 de febrero del 2021, frente a numerosos periodistas, expresó su intención de agresión física en cualquier momento próximo”, indicó.
Agrega, “estas expresiones, no motivarían a preocupación si se tratara de un ciudadano sin historial criminal o delictivo y no de un individuo que en diversas ocasiones ha agredido físicamente a diversos ciudadanos, entre ellos al entonces Secretario de Estado Félix Bautista y al jurista Julio Cury, pero más alarmante aún, es que se trata de un sujeto señalado en diversas ocasiones de actos de corrupción, que guardó prisión por orden del Juez de la Suprema Corte Francisco Ortega Polanco y que también es de altísimo interés para los Estados”.
Criticó que pese a que esas amenazas fueron públicas y legalmente se constituyen en actos de amenaza de orden público, hasta el momento, las autoridades no hayan intervenido en el caso, por lo que Rodríguez entiende que podría interpretarse como que estas personas se consideran protegidas y preservadas.
“Ambos casos señor presidente, delicados por sí mismos, aumentan su gravedad al haber sido realizados a través de medios de comunicación o directamente a periodistas en plazas públicas, convirtiéndolos en actos de amenaza de orden público, sin haber intervenido a la fecha las autoridades de forma alguna, lo cual mueve a suponer que estas personas se consideran protegidas y preservadas por algunas autoridades que velan por su impunidad o que incluso estén dispuestos a colaborarles en eventuales actos criminales”, dijo.
Pidió que esas declaraciones de amenazas sean tomadas en cuenta por las autoridades, así como al primer mandatario “pues se trata de individuos que han sido acusado de escandalosos, actos criminales que incluyen el desfalco en el Plan Renove, fraude al Baninter y de corrupción en el caso Odebretch, por el cual las autoridades norteamericanas han manifestado formalmente tener un alto interés.
A través de la ordenanza presidencial No. 13818 de fecha 20 de diciembre del 2017, colocándolo dentro de un listado de criminales sancionados bajo la Ley Global Magnitsky, siendo Ángel Rondón Rijo el segundo de la lista junto a presuntos criminales internacionales como Mukhtar Hamid; Sergey Kusiuky y Julio Antonio Juárez, acusados de asesinatos y graves crímenes contra la humanidad”.
Aclaró, que extendió dicha denucia directamente a Abinader debido a que la Procuradora General actual, Miriam Germán Birto, presentó formal inhibición para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente relativo a las personas procesadas en el caso Odebrecht.
“Es por esta razón y por su responsabilidad como jefe constitucional de los organismos de seguridad del Estado, que pongo de su conocimiento esta grave situación, para los fines que considere de lugar”, concluyó el Exprocurador General de la República.
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