La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió de manera parcial la solicitud de variación de medida de coerción incoada por el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso de corrupción Medusa.
La variación mantiene el arresto domiciliario de forma parcial, pues ahora permite que el imputado pueda ir de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde los miércoles y jueves a su oficina de trabajo y pueda ejercer como abogado y sustentar a su familia.
Rodríguez había pedido que le sea quitado el arresto domiciliario y también el grillete electrónico que le obliga a mantenerse en casa desde el pasado mes de enero.
Los jueces Luis Jiménez, Rosalba Garib y Delio Germán, explicaron que el señalado está en conflicto con la ley, más no por esto se le pueden restringir sus derechos a un trabajo digno para el sustento de su familia.
El permiso estos dos días es de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. El imputado deberá ser retornado a su domicilio luego de que realice sus labores en los días permitidos.
El Ministerio Público, representado en esta audiencia por el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho; Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Peca y el fiscal litigante Emmanuel Ramírez, indicó que todos los ciudadanos con medidas de coerción deberían tener entonces el mismo derecho.
«Surge la pregunta, si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos los demás ciudadanos sometidos a un proceso judicial deberían tener el mismo derecho», declaró Mirna Ortiz.
«Vemos, aunque somos respetuosos de la decisión de los tribunales, que este derecho no se tutela de igual forma para otros imputados. Así que, seguimos viendo los privilegios para estos imputados envueltos en grandes procesos, que no son iguales para otros ciudadanos», enfatizó la coordinadora de Litigación.
En la Operación Medusa, el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos por más de 6,000 millones de pesos.
