El exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció que es víctima de una campaña de descrédito en su contra por parte de los imputados en el caso Odebrecht, a la vez que aseguró que no ha pedido que se mencione el nombre del presidente Luis Abinader ni el de otra persona.
Declaración pública Esa campaña se inició en marzo del 2017 con el objetivo de confundir a la opinión pública a través de falsas historias, pretendiendo escapar de sus responsabilidades penales.
Exhortamos a los imputados y a sus abogados a presentar sus argumentos de defensa ante la justicia, en los tribunales, y no mediante fábulas y campañas de difamación en medios de comunicación y redes sociales.
Es importante recordar que el caso Odebrecht vino referido judicialmente desde Brasil y Estados Unidos, luego de un acuerdo con la Empresa constructora, que incluyó testimonios y evidencias ofrecidas por sus propios ejecutivos, que admitieron los hechos y ofrecieron detalles de los mismos.
Las investigaciones que se realizaron durante la gestión 2016-2020 sobre este expediente, fueron ejecutadas por gran parte del mismo equipo del Ministerio Público que hoy continúa la defensa del caso e investigaciones complementarias.
Originalmente fueron imputadas quince (15) personas, algunas de ellas legisladores y exlegisladores, así como ministros y exministros, tanto del PLD como del PRM, sin importar partidos políticos ni condición social.
Luego el Ministerio Público procedió al archivo del expediente de ocho (8) personas, cinco (5) pertenecientes al partido PRM y tres (3) pertenecientes al PLD, por no encontrarse pruebas que evidenciaran su participación en los hechos que fueron mencionados, presentándose acusación a siete (7) imputados pertenecientes a las tres (3) principales fuerzas políticas del país.
Sobre las solicitudes de copias de cheques para demostrar aportes de campaña a candidatos, en particular del actual presidente Luis Abinader, fue totalmente desmentido, pues, además, en la fase de investigación, el Ministerio Público cuenta con una orden de un juez y tiene acceso a las cuentas bancarias de los imputados y, por ende, se hace innecesaria requerir esta información a dichos imputados.
Desde el 16 de agosto de 2020 hay nuevas autoridades gubernamentales y al frente del Ministerio Público, sin embargo, se mantienen las mismas acusaciones y el mismo expediente con más de 1,700 pruebas documentales trabajadas durante dicha gestión.
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