Un proyecto de ley sobre sobre Trata de Personas alteró el ecosistema del Congreso Nacional por contener artículos que otorgan beneficios a inmigrantes ilegales.
“El huevo”, como lo definió un legislador oficialista al considerar que someter dicha propuesta fue un error, ha sido aprovechado por la oposición política.
“Eso es lo que cree y siente el equipo que está gobernando este país, el pueblo dominicano debe estar muy pendiente”, dijo el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Dionis Sánchez, quien aseguró que las declaraciones del Poder Ejecutivo en pro de la soberanía fueron producidas semanas atrás para evitar “la caída estrepitosa” en preferencias.
En términos similares se pronunció Yván Lorenzo, vocero del PLD.
Señaló que una cosa es el discurso y otra la práctica y dijo que el Gobierno actual es servil ante los intereses extranjeros.
La calma en cuanto a las inquietudes la puso el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Aseguró que el proyecto en cuestión consiste en una iniciativa que ha sido aplicada con éxito en otros países, pero que por la realidad dominicana la pieza será modificada según convenga a los intereses nacionales.
“En el estudio del Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, la población puede estar tranquila, porque la soberanía nacional será protegida en todo momento y se llevarán a cabo las modificaciones necesarias para corregir los artículos que no se correspondan con el interés del país”, enfatizó el presidente del Senado.
El proyecto plantea que todos los servicios de asistencia, atención y protección que se brinden a las víctimas o sobrevivientes de trata de personas serán gratuitos, cuando se trate de servicios públicos incluidos los servicios necesarios para su salud física y mental, educación, gestión de documentaciones de identidad y viaje y regularización de estatus migratorio.
Beneficia de manera especial a las víctimas de trata, menores de edad o que tengan una condición especial de salud.
Aplica a su vez el principio de no devolución de las personas víctimas de trata a su país de origen, “lo cual solo podrá realizarse por petición expresa de la víctima o sobreviviente, quien, en caso de optar por la permanencia en la República Dominicana, deberá ser beneficiada con la regularización migratoria y gozar de los beneficios de ayudas y asistencias sociales que provee el Estado dominicano mientras dure su permanencia en el país”, dice el proyecto.
El artículo 34 de la pieza contempla que toda persona jurídica o entidad deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos con el fin de brindar asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes.
Según Estrella, el proyecto será sometido a vistas públicas a los fines de eliminar los elementos perjudiciales a la soberanía dominicana.
