Entre los convenios de préstamos aprobados en el Congreso Nacional en un año, desde el 16 de agosto del 2020, figuran compromisos financieros contraídos por el Estado dominicano que se extenderán algunos hasta el año 2044, y ascienden a un monto global de US$1,979 millones, según cálculos hechos por DL.
De esa cantidad, fueron aprobados préstamos ascendentes a US$1,019 millones, que representan el 55 % de lo aprobado, con la finalidad de que el gobierno cumpla con compromisos sociales y económicos asumidos por la pandemia.
Del total de 15 préstamos aprobados, siete fueron suscritos durante el último gobierno de Danilo Medina por US$656 millones, y ocho durante la gestión de Luis Abinader por US$1,323 millones.
Seis de los compromisos financieros asumidos por la actual gestión gubernamental y sancionados en ambas cámaras legislativas tienen el argumento de enfrentar el impacto provocado por el COVID-19 y ascienden a US$1,019 millones.
El último de esos préstamos sancionados fue suscrito por US$236 millones para financiar el Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal y Gestión Fiscal. Su aprobación se produjo en medio de cuestionamientos durante el nuevo proceso de votación digital que estaba siendo probado en el Senado. El convenio fue suscrito con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Asimismo, fue aprobado otro préstamo ascendente a US$120 millones, suscrito con la farmacéutica Pfizer, para adquirir 10 millones de dosis de vacunas para prevenir ante el COVID-19.
Se trata de la modificación de un préstamo anterior, aprobado por el Congreso Nacional por US$96 millones para comprar 8 millones de dosis de la vacunas.
También, se encuentra el préstamo suscrito el pasado 28 de septiembre con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por US$100 millones, para financiar el Programa de Política de Desarrollo, en apoyo a la respuesta a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.
Para sustentar dicho empréstito, entre los pilares citados por Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en una carta dirigida al Congreso Nacional, figuran apoyar la capacidad del sistema de salud pública, respaldar las medidas para la asistencia nutricional, apoyo económico de los hogares vulnerables y reducir la carga tributaria.
La tasa de amortización tiene prevista 40 cuotas: la primera se pagaría el 15 de julio de 2024 y la última el 15 de enero de 2044.
Para sustentar dicho contrato las autoridades destacaron acciones impulsadas, en respuesta al COVID-19, entre las que figuran autorizar procesos de emergencia para contratar bienes, trabajos y servicios relacionados con la salud; adoptar un plan de contingencia, aplazar el pago de impuestos y crear los programas de subsidio FASE y “Quédate en Casa”.
La compra de 10 millones de dosis de vacunas a AstraZeneca, por US$40 millones, también figura entre los préstamos aprobados.
