Unas 10 personas furan arrestadas, correspondientes a exfuncionarios y vinculados a ellos, la Procuraduría General de la República dio las primeras señales de que perseguirá sanción para los actos de corrupción y otros delitos que les atribuye a incumbentes de la pasada gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y allegados, lo cual ha sido un clamor de los ciudadanos.
En un comunicado enviado anoche, el ministerio público señaló que varios de los 10 exfuncionarios y testaferros detenidos estaban destruyendo y ocultando evidencias, intimidando a testigos y haciendo movimientos financieros con el propósito de ocultar estados financieros injustificados.
En el grupo que el ministerio público acusa de corrupción administrativa, de ser testaferros y haber sido proveedores privilegiados del Estado, figuran dos hermanos del ex presidente Danilo Medina.
Se trata de Alexis y Carmen Magalis Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
La lista de acusados de corrupción y de fungir como testaferros de exfuncionarios la completan el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán; el ex presidente del Fonper, Fernando Rosa; el ex contralor general de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro Cristofer, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
La la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) estableció que los imputados aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno de Danilo Medina.
Operativo de madrugada
Los arrestos empezaron en la madrugada de ayer, mediante allanamientos realizados en sus residencias, pero algunos fueron detenidos después de ser sometidos a interrogatorios en la Procuraduría.
Las investigaciones, que se realizan en la actual gestión de la procuradora Miriam Germán Brito están siendo encabezadas por el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, y la procuradora adjunta Yeni Berenice, quien dirige la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, que son apoyados por un equipo de fiscales.
El operativo en el que se realizaron los arrestos fue denominado por los investigadores como “Operación anti Pulpo”, con la intervención de fiscales que dirigieron las pesquisas, acompañados de decenas de agentes de las tropas élites de la Policía Nacional, según precisó la PGR.
Oculta rostro
Los detenidos fueron conducidos a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ubicada en el cuarto nivel del edificio.
El último en ser llevado fue el hermano del ex gobernante, Alexis Medina Sánchez, a quien lo trasladaron esposado pasado el mediodía de ayer desde la Procuraduría. El imputado, además de mascarilla por prevención del Covid-19, portaba una gorra y mientras era conducido a la cárcel permaneció con la cabeza abajo para ocultar el rostro. No dio ninguna declaraciones sobre su apresamiento.
Al recinto fueron llevados colchones para que duerman los arrestados, ya que permanecerán en esa preventiva hasta que se les conozca medida de coerción.
La vigilancia de esa cárcel está a cargo de los agentes del nuevo modelo penitenciario, después que el 17 de noviembre la PGR asumió el control de esa preventiva alegando actos de corrupción y otras irregularidades, y traspasó su administración al sistema nuevo, que estaba en poder de la fiscalía del Distrito Nacional y de la seguridad judicial.
La Pepca señaló en un comunicado que el proceso de investigación contra los exfuncionarios entró en una nueva fase con los arrestos de los primeros imputados y que serán presentados ante un juez de la instrucción para que le conozca medidas de coerción.
La Procuraduría informó que mantendrá enterada a la ciudadanía de manera oportuna, respetando siempre el debido proceso penal y los derechos de los imputados.
Familiares y amigos de los arrestados fueron a la fiscalía con bultos y fundas en las manos, a llevarles comidas y ropas a los apresados. Pero a varios no se les permitió dejarles camisetas blancas, afeitadoras y otros artículos, porque violan el protocolo.
Se vio salir de la cárcel preventiva a un médico que no dio detalles del paciente que fue atender por no estar autorizado.
