El Consejo Nacional de Migración prohibió esta tarde la entrada de extranjeras embarazadas al territorio dominicano, como parte de una serie de medidas emitidas mediante resolución.
Tras una reunión que se extendió por más de dos horas y que estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, ofreció una rueda de prensa en la que informó que el Estado dominicano tomará todas las medidas necesarias para evitar que todo ciudadano de nacionalidad extranjera implique una carga irrazonable para las finanzas públicas.
La resolución establece que la prohibición aplica para las extranjeras con embarazos comprobados igual o posterior a seis meses de gestación.
Asimismo, dispuso un plazo de tres meses para las empresas y empleadores para regular a sus trabajadores extranjeros al cumplimiento de la Ley 285-4 y su reglamento de aplicación número 631-11.
«Una vez vencido el plazo límite anteriormente descrito, todas las empresas o empleadores que requieran los servicios laborales de ciudadanos extranjeros deberán contratarlo de conformidad con los parámetros legales establecidos en la norma migratoria y laboral de la República Dominicana. Se debe cumplir para ello con los requisitos establecidos para esos fines en la Ley 385-04 y su reglamento de aplicación», sostuvo.
Agregó que la tercera acción consiste en ejecutar, una vez vencido el plazo de desmonte, el régimen de sanciones aplicables a empresas y empleadores de acuerdo al artículo 132 de la Ley General de Migración, que impone sanciones con multas de cinco a 30 salarios mínimos.
Aseguró que el Ministerio de Interior y Policía coordinará con el Ministro de Trabajo, la vigilancia y cumplimiento de los artículos 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que establece la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados por una empresa o persona en particular.
El artículo 5 del Código señala que el Estado tomará todas las medidas necesarias para evitar el ingresos de ciudadanos ilegales que impliquen una carga irrazonable para las finanzas públicas, incluyendo mujeres en estado de gestión, igual o posterior a los seis meses de embarazo.
