La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, declaró inadmisible la solicitud de libertad del exfuncionario José Ramón Peralta, uno de los imputados en el caso de corrupción denominado Calamar.
El exministro Administrativo de la Presidencia buscaba este jueves la revocación de la prisión y podía la anulación de la decisión de la jueza Patricia Padilla, que a principio de septiembre le ratificó de manera administrativa la prisión preventiva.
El tribunal entendió que se nos violentó el debido proceso a todos, una vez que se conoció una solicitud de revisión de medida de coercion sin notificarle a las partes, sin convocarles a una audiencia. En tal sentido la Corte acaba de devolver la causa para que el juez control, en este caso el Segundo Juzgado de la Instrucción conozca la solicitud planteada por el señor José Ramón.
Procuradora Rosa Alba García.
La representante del Ministerio Público se refería a la jueza Patricia Padilla. Precismente a quien la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación a mediado de septiembre, apartó del caso de corrupción Calamar. Respondiendo esto a solicitud de la defensa de José Ramón Peralta.
De acuerdo a la resolución del tribunal en ese momento, la jueza Padilla “obró con discrepancia excesiva”. Esto, al dejar sin efecto la revisión obligatoria de la medida de coerción que le correspondía al imputado José Ramón Peralta.
Violan principios del proceso judicial
La resolución número 502-01-2023-SRES-00303 penaliza que la jueza control del expediente denominado Calamar, no realizó la audiencia. Por lo que vulneró “los principios de oralidad, publicidad y contradicción” en el proceso judicial.
En ese sentido, hoy la defensa de Peralta interpuso un recurso de apelación alegando que la magistrada Padilla violó los derechos fundamentales. Así como el debido proceso seguido a su representado. Asegurando que deben anular la ratificación de presión preventiva que le impuso de manera administrativa a su cliente.
La defensa de Peralta sostuvo que como la jueza Padilla violentó el debido proceso. De manera que se le debió variar la medida de coercion que desde que hace siete meses no se ha revisado en una audiencia.
‘La situación crítica es que siete meses después no ha existido un tribunal donde se pueda discutir los elementos que justifiquen su libertad’, indicó el abogado Pedro Balbuena.
De acuerdo del Ministerio Público, aseguran que los imputados del caso Calamar sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado. Estos, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativa, totalizan más de 19 mil millones.
El Ministerio Público acusa al exfuncionario de asociación de malhechores, lavado de activos producto de actos de corrupción para sustraer los recursos del Estado, sobornos y otros delitos. Esta acción se suma a otras interpuestas por el imputado para obtener su libertad, pero han sido rechazadas.
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