Punta Cana.— La comunidad de residentes del Residencial Playa Palmera Beach Resort, ubicado en la zona de Uvero Alto, denunció públicamente que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pretende llevar a cabo la demolición de la casa club social del residencial sin el cumplimiento del debido proceso legal.
De acuerdo con el administrador del residencial, la acción está programada para el lunes 24 de febrero, a partir de las 7:00 de la mañana, y será ejecutada por un equipo especial compuesto por militares y civiles bajo las órdenes del Ministerio de Medio Ambiente.
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Los residentes aseguran que el ministerio ha actuado de manera arbitraria al ordenar, mediante la Resolución No. DJ-RAS-4-2024-0015, de fecha 12 de septiembre de 2024, la destrucción de las infraestructuras ubicadas en la zona costera, lo que afectaría tanto a los propietarios como a los trabajadores que dependen de las operaciones del establecimiento.
Acciones legales en curso
El representante legal del residencial informó que actualmente existe un recurso contencioso administrativo de nulidad contra la mencionada resolución ante el Tribunal Contencioso Administrativo, así como una solicitud de medida cautelar para suspender su ejecución. Según explicó, esta solicitud genera un efecto de suspensión inmediata, por lo que cualquier acción de demolición violaría la normativa legal vigente.
“Estamos ante un acto de abuso de poder e injusticia por parte del ministerio, que pretende desconocer los procedimientos legales en curso”, afirmó un portavoz de la comunidad.
Acusan intereses privados detrás de la demolición
Los residentes también denunciaron que detrás de este intento de demolición estarían los intereses de un grupo hotelero de capital español que opera un hotel contiguo al residencial y que, según indican, busca controlar de manera exclusiva el acceso a la playa de la zona.
“Este proceder del Ministerio de Medio Ambiente responde a presiones de intereses privados que buscan apropiarse de la playa, en una clara violación de nuestros derechos y del debido proceso”, expresó el portavoz del residencial.
Exigen respeto a la propiedad privada
La comunidad hizo un llamado a las autoridades competentes para que intervengan y garanticen el respeto a la propiedad privada y a la seguridad jurídica de los inversionistas y trabajadores en la zona.
Además, exigieron al Ministerio de Medio Ambiente una aclaración sobre el procedimiento y el cese inmediato de cualquier intento de demolición sin fundamento legal.
Los residentes advirtieron que permanecerán en alerta permanente y no descartan tomar acciones legales adicionales para defender sus derechos y proteger el desarrollo económico y turístico de la región.
