En medio de un ambicioso plan de recorte de gastos federales, el presidente Donald Trump y el magnate tecnológico Elon Musk han planteado la posibilidad de devolver parte del dinero ahorrado a los estadounidenses a través de un “DOGE dividend” de $5,000 por hogar.
La propuesta, que busca incentivar la eficiencia gubernamental, ha generado un intenso debate entre expertos y legisladores, quienes advierten sobre sus posibles implicaciones económicas.
La idea surgió a raíz de una publicación en redes sociales del CEO de la firma de inversiones Azoria, James Fishback, quien sugirió que los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernaental (DOGE) podrían traducirse en pagos directos a los contribuyentes.
Bajo su propuesta, si el gobierno lograra reducir $2 billones en gastos, se destinaría el 20% de esos ahorros, alrededor de $400 mil millones, para repartir dividendos entre 79 millones de hogares que pagan impuestos federales.
El concepto de estos pagos difiere de los cheques de estímulo emitidos durante la pandemia, pues no estarían diseñados para impulsar la economía en tiempos de desaceleración, sino como un reembolso parcial de impuestos.
De acuerdo con Fishback, solo los hogares que pagan más impuestos de los que reciben en beneficios serían elegibles, lo que dejaría fuera a los estadounidenses de ingresos más bajos, quienes, según el Pew Research Center, suelen quedar exentos del impuesto federal sobre la renta.
A pesar del respaldo de Trump y Musk, la iniciativa enfrenta obstáculos legislativos. El Congreso tendría que aprobar los pagos, algo que líderes republicanos como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, consideran poco viable en medio de un déficit federal que supera los $36 billones. “Tenemos una deuda gigante. Creo que debemos pagar la tarjeta de crédito antes de repartir dinero”, señaló Johnson.
Expertos en finanzas públicas también cuestionan la viabilidad del plan. Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, enfatizó que sin un recorte real en el gasto, la propuesta solo aumentaría la deuda nacional.
Mientras tanto, Elaine Kamarck, investigadora del Instituto Brookings, advirtió que, sin la autorización del Congreso, el gobierno no puede gastar dinero en este tipo de programas, pues sería ilegal.
Otro punto de preocupación es la inflación. Con la Reserva Federal aún intentando reducir el índice inflacionario al 2%, algunos economistas temen que inyectar $5,000 en millones de hogares podría exacerbar la presión inflacionaria.
Sin embargo, Fishback argumenta que la mayoría de los estadounidenses usaría estos fondos para pagar deudas, ahorrar o invertir, en lugar de incrementar el consumo inmediato.
El equipo de Trump ha manifestado su intención de trabajar con el Congreso para definir los detalles del DOGE dividend, explorando opciones dentro del proceso de reconciliación legislativa. Sin embargo, la incertidumbre sobre los ahorros reales de los recortes federales hace que la iniciativa aún sea una propuesta en el aire.
Con un panorama fiscal incierto y la necesidad de aprobación legislativa, el futuro del DOGE dividend sigue siendo incierto. Mientras tanto, el debate sobre eficiencia gubernamental, distribución de recursos y equidad fiscal continúa en el centro de la discusión política en Washington.
