Al menos cuatro préstamos por un monto de US$844 millones ha firmado hasta la fecha el Poder Ejecutivo con organismos internacionales para hacerle frente al problema que afronta el sector eléctrico del país.
En medio de diversas críticas y polémicas que han envuelto a distintas entidades ligadas al sector eléctrico, recientemente el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un préstamo por unos US$400 millones y espera respuesta por otros dos.
Mientras que el cuarto préstamo ya fue aprobado por el Congreso Nacional y se encuentra a disposición del Gobierno, siendo todos relacionados los empréstitos destinados al sector eléctrico.
El préstamo ya aprobado consta de un monto de US$155 millones, los cuales, según su motivación, serán destinado al financiamiento y ejecución de un programa de “expansión de redes y reducción de pérdidas técnicas eléctricas en distribución”.
Un detalle particular de este empréstito, contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es que fue suscrito durante el Gobierno del expresidente Danilo Medina, específicamente el 21 de octubre de 2019, y aprobado en el 2021.
Tras este financiamiento con el BID, en datos oficiales, aparece otro préstamo con la misma particularidad y firmado en una fecha cercana, el 12 de octubre de 2019, al cual solo le resta la ratificación por parte del Senado de la República.
El endeudamiento de este crédito será por un monto de US$250 millones, y argumentaron que se utilizará para el “reconocimiento a las medidas cumplidas en la matriz del Programa para la Sostenibilidad y Eficacia del Sector Eléctrico III”.
Ya en el actual Gobierno, el primer contrato firmado para fines del sector eléctrico se rubricó con el BID en marzo del 2021, siendo aprobado por la Cámara de Diputados unos cuatro meses más tarde y a la espera del Senado.
El monto tomado en este caso es de US$39 millones y se pretende con el financiamiento contribuir a la implementación de un programa de “eficiencia energética” en el país.
En lo que respecta al préstamo más reciente firmado por el Poder Ejecutivo, este aguarda aún el conocimiento de ambas cámaras legislativas, pero representa el monto más grande tomado hasta la fecha.
En fecha 5 de agosto del 2022, el Gobierno firmó un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de US400 millones, en el cual las autoridades argumentaron que será destinado para el “financiamiento de Políticas de Desarrollo para la Reforma Eléctrica para el Crecimiento Sostenible”. A la espera del efecto que pueda llegar a tener estos préstamos por un monto global de US$844 millones, la población mantiene sus quejas por los altos montos a pagar de la factura eléctrica y los interminables cortes de luz.
El sector eléctrico dominicano enfrenta un problema estructural de más de 50 años, y cada vez las planificaciones que han convenido los actores ha ido en decadencia, en vista de que a pesar de la oferta de megavatios en la generación, todavía una alta proporción de pérdidas técnicas y no técnicas mantienen en rojo las cuentas de las distribuidoras.
Expertos en electricidad han afirmado que las pérdidas del sector de la distribución promedian más del 30%, resultando más gravosa situación en la Empresa Distribuidora del Este (Edeeste), donde ahora pesa una demanda sobre varios representantes ante la supuesta compra irregular de medidores.
A esto se adiciona la alta facturación en los renglones residenciales y comerciales, donde se han escuchado quejas de aumentos triples a los montos en la pre pandemia.
El Gobierno hizo una licitación de urgencia para instalar 400 nuevos megavatios al sistema eléctrico nacional.
Datos de la Presidencia indican que en enero de este año se lanzó otra licitación de medio término también de 800 MW, cuya adjudicación está prevista para antes de septiembre del 2022.
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