Con una carrera de más de 20 años en el Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en la justicia dominicana.
Su reciente elección como procuradora general de la República por unanimidad del Consejo Nacional de la Magistratura refuerza su protagonismo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Desde su ingreso en 1999 como paralegal voluntaria en la Fiscalía de Santiago, Reynoso demostró su capacidad para abordar casos complejos. Su ascenso fue rápido y constante, destacándose en investigaciones de alto perfil. En 2011, fue nombrada fiscal del Distrito Nacional, convirtiéndose en la más joven en asumir el cargo, responsabilidad que mantuvo hasta 2018.
Durante su gestión, enfrentó casos de corrupción y delitos financieros con una firmeza poco habitual. Su estilo directo y su habilidad para litigar marcaron la diferencia en un sistema judicial que demanda eficiencia y transparencia.
Reynoso no delegaba los procesos más relevantes, prefiriendo estar en primera línea de los litigios, lo que le valió reconocimiento público.
En 2018, fue ascendida a procuradora general de Corte de Apelación, alcanzando el nivel más alto dentro del Ministerio Público. Desde esa posición, continuó su trabajo en la lucha contra la impunidad.
Su desempeño fue clave en la implementación de estrategias para fortalecer la persecución del crimen y la transparencia institucional en la justicia dominicana.
Su labor se ha extendido al ámbito académico, impartiendo clases en la Escuela Nacional del Ministerio Público, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
Además, ha participado en capacitaciones a miembros de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas.
La participación de Reynoso en la reforma del Derecho Procesal Penal y la Policía Nacional demuestra su compromiso con la modernización del sistema judicial.
Su experiencia y conocimientos han sido esenciales para la adaptación de normativas que buscan mayor equidad y efectividad en los procesos penales.
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